España podrá pedir extradición de militares

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Declaró inconstitucional la Justicia española la decisión del gobierno de Aznar de frenar los traslados. Buscan a 39 ex militares y un civil argentinos acusados de violaciones a los DD.HH.

España volverá a pedir la extradición de 39 ex militares y un civil argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos, luego de que la Justicia de ese país declarara inconstitucional la decisión tomada en 2003 por el gobierno de José María Aznar de frenar esos traslados.

En una decisión del 31 de mayo pasado, conocida ayer en Buenos Aires por medio de las agencias internacionales de noticias, la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo español anuló la decisión del Gabinete de Aznar.

Además, el máximo tribunal español declaró que el actual Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero "debe cursar la misma solicitud de extradición por vía diplomática al Gobierno de Argentina".

El pedido de extradición que rechazó el Gobierno de Aznar había sido impulsado por el juez Baltasar Garzón, quien seguía las causas contra ex militares argentinos que actuaron durante la dictadura y actualmente se encuentra de licencia para ejercer la docencia en Estados Unidos.

Entre los militares reclamados figuran Jorge Videla, Emilio Massera, Omar Graffigna, Jorge Olivera, Domingo Bussi, José Vaquero, Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Jorge Acosta.

En caso de ser extraditados, estos imputados podrían correr la misma suerte que el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, quien en una histórica decisión fue condenado por la Justicia española a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura.

El próximo en sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional española, principal instancia penal, será el ex capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, encarcelado en España desde junio de 2003 tras ser extraditado desde México por los delitos de genocidio y terrorismo.

Todos los represores reclamados por España habían sido detenidos en Buenos Aires a mediados de 2003 por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien tramitó el exhorto de Garzón, pero luego fueron liberados.

Esas liberaciones generaron una polémica entre Garzón y la gestión de Néstor Kirchner, cuando este año el juez aseguró que el freno se había puesto "en cooperación intergubernamental".

En su momento, el Gobierno nacional negó enfáticamente que haya trabado las extradiciones y recordó que el pedido de Garzón llegó el 24 de julio de 2003, un día antes de que Kirchner firmara un decreto con el que derogó otro del ex presidente Fernando de la Rúa que impedía las extradiciones.

Con esta sentencia, el Supremo Tribunal español aceptó los recursos interpuestos contra aquella decisión de la administración Aznar por los grupos políticos Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña y por Graciela Palacios de Lois, esposa de un español que estuvo detenido en la ESMA y presuntamente fue lanzado al mar en uno de los "vuelos de la muerte", en 1976.

En su momento, el Gobierno de Aznar (1996-2004) fundamentó su decisión en que los tribunales argentinos eran competentes porque una semana antes el Congreso argentino había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Sin embargo, faltaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró el 14 de junio pasado la inconstitucionalidad de ambas leyes dictadas entre 1986 y 1987 por el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

Otros represores fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem (1989-99), pero estos siguen vigentes.

Inicialmente Garzón había pedido la extradición de 45 militares y un civil, pero tres murieron y tres están prófugos, en tanto que otro ex jerarca militar, Guillermo Suárez Mason, murió en junio pasado.

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