Fmi aprobó acuerdo con la Argentina y envía 6.300 millones

El directorio del FMI aprobó ayer una ampliación en u$s 8.000 millones del acuerdo de financiamiento para la Argentina, y puso de inmediato a disposición casi 6.300 millones, que ingresarían la semana próxima.

Este respaldo permitirá a la Argentina consolidar su situación fiscal y puede abrir la puerta a la obtención de otros apoyos financieros destinados a reducir el monto de intereses de la deuda pública, uno de los objetivos de la administración de Fernando de la Rúa.

Con esta aprobación, el FMI amplió de u$s 14.000 a u$s 22.000 millones el crédito otorgado a la Argentina en diciembre último.

Los u$s 6.260 millones que están disponibles de inmediato se componen por 5.000 millones de este nuevo acuerdo y 1.260 millones correspondientes al acuerdo de diciembre último, que se conoció como blindaje.

El director gerente del FMI, Horst Köhler, señaló en un comunicado que "créditos adicionales serán facilitados al país en fechas aún por establecer durante el 2002".

De los dólares que llegarían a la Argentina entre el lunes y el martes próximos, 4.000 millones serán asignados para reforzar las reservas del Banco Central, y los 2.260 restantes pasarán al Tesoro para mejorar la situación de caja, según se estimó.

Por otra parte, quedan pendientes de utilización 3.000 millones que originalmente estaban asignados al 2002, pero que la Argentina podría tomar en forma anticipada si decide una recompra de deuda pública a través de bonos.

En este sentido, el comunicado del Fondo refiere que los u$s 3.000 millones podrán adelantarse "para apoyar una operación voluntaria y basada en el mercado para mejorar el perfil de la deuda argentina".

De este modo, el Gobierno aumenta a u$s 22.000 millones el crédito obtenido el 10 de marzo de 2000, que fue ampliado en enero de este año.

Como contrapartida, la Argentina se compromete ante el FMI a reducir en 2.300 millones el gasto primario del segundo trimestre del año y a lograr el déficit cero en 2002.

Esta meta no incluye la capitalización de intereses resultantes del megacanje que ascienden a 2.290 Millones de dólares.

También existe la garantía del Gobierno de que antes del 30 de noviembre se acordará un proyecto de ley de coparticipación con las provincias, tendiente a reducir los ingresos a fines específicos y hacer el reparto de fondos más transparentes.

Si la recaudación fiscal desciende más allá de lo previsto, el Gobierno deberá asegurar al FMI un ahorro de 900 millones hasta fin de año, que surgirá de las transferencias por coparticipación con las provincias.

En el caso de las provincias, la Carta de Intención sostiene que no podrán tener un déficit superior a los 2.000 millones en 2002 pero que podrán financiar sus deudas con la emisión de bonos, cuyo total no podrá superar la masa salarial.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, deberá cumplir en un plazo no mayor a dos años con las normas prudenciales y declaración de datos que exige el Banco Central.

Para el resto de las entidades bancarias, se establecerá una tasa de liquidez de 22% (actualmente en 21%) para los plazos fijos.

En cuanto a la cuestión laboral, los funcionarios de Economía se comprometieron ante el Fondo a desarrollar nuevos contratos de trabajo temporal con un nivel salarial y de prestaciones menores a los actuales.

En las medidas contra la evasión fiscal, el Gobierno deberá crear tribunales tributarios especiales para resolver casos de evasión superior al millón de pesos.