Gobernadores presionan para refinanciar deudas

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Ahora que se decidió la cancelación total de la deuda con el Fondo, los gobernadores entienden que llegó la hora de sentarse a discutir con Néstor Kirchner mejores condiciones para el abultado pasivo que mantienen con la Nación (buena parte del cual se ajusta por inflación). Pretenden, dada la menor necesidad de financiamiento del Tesoro, que las provincias vean mejorar también su panorama.

Formalizado el anuncio del pago total de la deuda externa argentina al FMI, los gobernadores entienden que ahora se allanó el terreno para que la Nación acepte sentarse a discutir seriamente una refinanciación del multimillonario pasivo provincial que, inflación mediante, complica cada vez más la economía de la mayoría de los distritos del interior.

Se trata de un frente interno por el que presionan varios gobiernos -opositores y oficialistas-, en vista de que la deuda pública provincial está mayoritariamente contraída con la Nación (aproximadamente 70 por ciento del total) y el pago de intereses y capital afecta porciones importantes del presupuesto de cada distrito.

El rojo del conjunto de las provincias, sin tomar en cuenta la deuda flotante, asciende a unos $ 75.245 millones, según información del Ministerio de Economía de la Nación. El problema se da a partir del aumento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que hace crecer al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), uno de los componentes que regula la deuda de las provincias y que este año ya provocó un crecimiento de unos $ 5.800 millones en intereses.

El origen del inconveniente se encuentra en que cuando se armaron los títulos, la tasa de inflación fue pensada en 6,5 por ciento, pero este año está terminando cerca del doble, en torno a 12 por ciento.

El CER afecta a los Bonos Garantizados (BOGAR) 2018, con los cuales la Nación motorizó el megacanje de deuda provincial en agosto de 2002, por $ 19.300 millones; los BODEN 2013 (unos $ 4.500 millones), destinados al rescate de cuasi monedas provinciales lanzado en 2003; y los alrededor de $ 7.500 millones de vencimientos de deuda de 2005, que corresponden a la acumulación de los sucesivos Programas de Financiamiento Ordenado (PF0) con que cada año, desde 2002, la Nación refinancia los pasivos provinciales.

Las provincias endeudadas firmaron en gran mayoría sus respectivos PFO 2005, que no hacen más que perpetuar la atadura a títulos ajustados por el CER. Esta mochila crecerá en 2006, cuando las provincias deban pagar amortizaciones por más de $ 8.200 millones, de los cuales $ 4.000 millones corresponden a BOGAR y PFO (2002 a 2004).

De este modo,
la deuda pública es hoy una de las principales ataduras y factores de subordinación de las provincias para con la Nación, por lo cual se presenta como uno de los puntos a resolver. «Las provincias requieren del financiamiento del gobierno federal para poder hacer frente a sus obligaciones y eso las convierte en más dependientes», resumió Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com, especializada en economía provincial.

La esperanza de los gobernadores de provincias endeudadas apunta a que con la tranquilidad que obtendrán las finanzas nacionales al quitarse de encima la sombra del FMI ahora habrá tiempo para sentarse a discutir la situación interna.
Buscan un cambio de fondo en las condiciones de la deuda, por fuera del «salvataje» que cada año realiza la Nación por medio del PFO.

• A favor

A su vez, como factor a su favor, los mandatarios suman el cambio de ministros de Economía que se produjo semanas atrás. El renunciado Roberto Lavagna siempre fue un interlocutor duro para los representantes del interior, quienes creen que Felisa Miceli sí o sí será una negociadora más accesible.

Cuando el jueves pasado
Néstor Kirchner anunció el pago de los u$s 9.810 millones adeudados al FMI, varios gobernadores fueron a dar su apoyo a la Casa Rosada. Ese día, uno de los menos oficialistas que participó del histórico anuncio fue el chaqueño Roy Nikisch, quien dejó en claro cuál es la expectativa que ahora sostienen varios mandatarios del interior. En principio, « reprogramar la deuda pública a más largo plazo y bajo otras condiciones», es decir, que no quede tan expuesta a los vaivenes de la inflación, y que «se restituya a las provincias la Ley de Coparticipación 23.548 de 1988, ya que desde 1992 cedimos 15 por ciento de estos fondos para sostener el déficit previsional nacional». Sobre este último punto, el radical Nikisch señaló que el Chaco este año dejó de recibir «$ 600 millones, una cifra superior a los vencimientos de intereses y capital». Asimismo, respecto del efecto del CER en el rojo provincial, el mandatario chaqueño ilustró que «a diciembre de 2003 la deuda era de $ 3.500 millones, pagamos la totalidad de los intereses de 2004, intereses y parte del capital de 2005, sin embargo, ahora vamos a deber más, porque se nos aplica el CER».

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