Kirchner anunció que la Argentina apelará inhibición ante los tribunales de EE.UU.

Asumió personalmente ayer el Presidente la defensa de la posición del Gobierno. Anunció que la decisión del juez estadounidense será apelada. Y advirtió que dará batalla contra "las presiones" también en el campo judicial.

Con un firme rechazo a las "presiones" externas y disidencias internas, el presidente Néstor Kirchner asumió personalmente ayer la defensa de la posición del gobierno de negociar con los acreedores privados sólo por 25% del valor de la deuda.

"Salvo que se vuelva a cargar sobre las espaldas del pueblo argentino, no hay ninguna posibilidad de variar esta situación", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa en Santa Cruz, donde viajó este fin de semana para descansar.

El mandatario ratificó de ese modo la resistida oferta, poco horas antes de que el Grupo de los Siete (G7), reunido en Boca Ratón, Estados Unidos, emitiera una declaración en la que exhortó a Argentina a "tener un diálogo constructivo con sus acreedores de manera de obtener una tasa de participación elevada en la reestructuración de su deuda".

El país tiene una deuda con los acreedores por unos 81.000 millones de dólares, en mora desde diciembre de 2001, pero se mantiene al día con los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Kirchner insistió en que la oferta a los acreedores "no es caprichosa" sino calculada en sintonía con la capacidad de pago de la economía local, al tiempo que rechazó lo que describió como "más presión" de "fondos buitres y bancos".

"Argentina puede pagar hasta el 25%, y con mucho esfuerzo, el endeudamiento de los tenedores de títulos externos, fondos buitres y bancos, que son los que están haciendo más presión", acusó.

Como ejemplo de esa presión, en el gobierno señalan la demanda de un fondo estadounidense que obtuvo el miércoles de un juez de Maryland prioridad para quedarse con unos depósitos de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, valuados en 3 millones de dólares, en el caso de que se acepte que sean embargados para cancelar deuda.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a restar importancia al fallo judicial. Aclaró que "no hubo embargos ni inhibiciones" sobre bienes argentinos en el exterior, sino un pedido a la justicia para que "en la hipótesis de que se acepten embargos tener un privilegio sobre los bienes presentados".

Fernández remarcó que esta medida, "absolutamente aislada, no tiene otra finalidad que expresar algún tipo de presión sobre el país", y los argentinos "deben entender que vamos a ver muchas de estas presiones", que buscan que Argentina "cambie su posición".

En declaraciones radiales, el funcionario explicó que "el problema de la deuda necesita una solución estructural, porque el problema central es que el peso de la deuda en la economía argentina es tan significativo que difícilmente tolere este peso".

Al ser consultado por el viaje del ministro de Economía, Roberto Lavagna a EEUU dijo que el encuentro con el titular del FMI, Horst Kohler, "tiene por objeto ordenar la visita de los técnicos del FMI que vienen al país en unos días" a revisar el cumplimiento de las metas, "que estamos absolutamente seguros que las hemos sobre-cumplido".

Por su parte, el Presidente anunció ayer que esa decisión judicial será apelada por el Estado, y advirtió que su gobierno dará batalla contra "las presiones" también en el campo judicial.

"Lo que no hacemos es dramatizar. Sabemos que estamos en una lucha muy difícil y estamos con mucha fuerza", añadió.

El presidente arremetió además contra algunos economistas locales, de filiación liberal, que consideran equivocada la estrategia negociadora del gobierno y sugieren mejorar la oferta a los acreedores.

"Nosotros no endeudamos a Argentina. Los que endeudaron a Argentina tendrían que tener un poco más de decoro y callarse la boca", fustigó el mandatario.