Lavagna instó a empresas francesas a evitar el uso indebido de los reclamos ante el CIADI

Roberto Lavagna se reunido con un grupo de representantes de empresas francesas.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, volvió a cuestionar hoy la acción de las empresas de servicios públicos que iniciaron reclamos legales ante el organismo de resolución de controversias del Banco Mundial, el CIADI y solicitó mayor prudencia a los empresarios que hacen puntuales referencias a una eventual inseguridad jurídica vigente en la Argentina.

Una alta fuente del Ministerio de Economía brindó hoy detalles de la reunión que el ministro Lavagna compartió esta mañana con el embajador de Francia, Francis Lott y representantes de las principales firmas francesas que operan en la Argentina.

El encuentro, que se extendió por espacio de una hora y media, se llevó a cabo en un clima "muy cordial y ameno", más allá de los planteos sobre diversas cuestiones que se hicieron en el marco de la reunión, entre las que se incluyó también el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las empresas de servicios públicos.

Los empresarios galos cuestionaron varios aspectos del proyecto oficial.

El embajador francés admitió que el costo argentino "es muy competitivo", aunque advirtió que esa competitividad "se diluye en algunos casos por problemas de inseguridad jurídica".

Lott también aseguró que "el abandono de la convertibilidad y la política prudente y constante de la actualidad, son elementos esenciales para que siga el camino del crecimiento económico".

Lavagna no pasó por alto la advertencia de Lott sobre la eventual inseguridad jurídica vigente en la Argentina y solicitó a los empresarios galos que este tema sea abordado con mayor altura.

"Les pido que sean más cuidadosos con el uso del calificativo de inseguridad jurídica ya que, sin desconocer que hay problemas, a veces son cuestiones cotidianas o gerenciales que ocurren en todo el mundo", aclaró Lavagna a los empresarios.

El ministro quiso ser más preciso a la hora de referirse sobre esta cuestión y advirtió que "no bastan las leyes para garantizar la seguridad jurídica, ya que en la Argentina hubo leyes de Déficit Cero, de Intangibilidad de los Depósitos y de Protección de las Reservas y la seguridad jurídica no se mantuvo".

De todas maneras, Lavagna reconoció que "es necesario despejar algunas cuestiones pendientes en materia jurídica en general", concepto que fue interpretado como un elíptico mensaje a la Corte Suprema de la Nación, que aún debe expedirse sobre la pesificación de los depósitos.

"La seguridad jurídica sin un programa macroeconómico no alcanza, como tampoco es suficiente un programa macroeconómico adecuado sin seguridad jurídica", reflexionó Lavagna.

Al respecto, añadió que "después de la crisis que vivió la Argentina se reestablece más rápido el sistema macroeconómico que el jurídico".

Los más de 30 reclamos de diversas empresas que recurrieron ante los tribunales internacionales también merecieron una reflexión por parte del ministro Lavagna.

"El Gobierno no va a permitir un uso indebido en el CIADI de los acuerdos de inversión que suscribió el país, ya que en la Argentina no han ocurrido casos de expropiación ni trato discriminatorio con las empresas inversoras", señaló Lavagna a los empresarios.

Con esta precisión, el ministro volvió a fijar posición respecto a los reclamos que algunas empresas de servicios públicos iniciaron ante el órgano legal del Banco Mundial, esencialmente por sentirse perjudicadas por la devaluación y la pesificación de tarifas resultantes del colapso de la convertibilidad.

"Estos convenios no son para condicionar la política económica del país y muchas empresas los están utilizando con el propósito de evitar el costo de la crisis", indicó Lavagna.

En cuanto al proyecto de ley que incorporará nuevas normas de regulación para las empresas de servicios públicos, afirmó que tanto "el presidente (Néstor) Kirchner como yo tenemos algunas dudas sobre este proyecto de ley y no hay urgencia para tratarlo".

"Este proyecto de ley define expresamente que los servicios públicos puedan ser prestados por empresas privadas pero los derechos del consumidor no van a ser los de los años noventa, sino que se adecuarán a pautas internacionales para que un consumidor argentino tenga los mismos derechos que uno europeo", subrayó.

En la reunión con Lavagna, además del embajador Lott, participaron la jefa de los servicios económicos del Cono Sur, Nathalie Coppinger; los consejeros económicos adjuntos, Alexis Loyer y Hugues Reydet; y los agregados comerciales, Marcos Stancanelli y Olivier Habonneaud.

Las empresas de origen francés estuvieron representadas por Carlos Ramírez (Alcatel), Luis Ureta Saenz Peña (Peugeot-Citroen), Daniel Cavé y Juan Manuel Lardizabal (Renault), Henri Lanfontaine (EDF), Fabio Fabri (Carrefour), Fabián De Paul (Louis Dreyfus) y Marc Brechignac (Grupo Accor).

La nómina se completó con Alain Cognard (Aventis Pasteur), Carlos Mentasti (Alstom), Carlos Ben (Aguas Argentinas) y Horacio Turri (Puerto de Total).