Marcha de piqueteros por detenidos a legislatura

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Diversas organizaciones piqueteras y militantes de partidos políticos de izquierda reclamaron frente a la Legislatura porteña la libertad de los 15 detenidos por los incidentes ocurridos hace un año, cuando se debatía el Código de Convivencia.

De la protesta -que se desarrolló bajo una persistente lluvia- participaron piqueteros del MTL, de la CCC, del MIJD, del PO, del FTC, como así también integrantes de la Asociación de Meretrices Argentinas; de la CTA, del Partido Comunista; vendedores ambulantes, travestis, entre otros sectores.

"Hoy (por ayer) volvimos a denunciar lo que constituye uno de los juicios más fraudulentos de la historia. Las únicas acusaciones que hay sobre los 15 detenidos provienen de los mismos policías que los detuvieron y estos son los mismos policías que hoy extorsionan a los vendedores ambulante en la calle; esto es un ajuste de cuenta contra los trabajadores de la calle", denunció Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero.

Por su parte, Carlos Chile, referente del Movimiento Territorial Liberación (MTL), señaló que el hecho de que continúen detenidas 15 personas por los incidentes ocurridos hace un año frente a la Legislatura "es una verdadera vergüenza nacional".

"No es posible que los que luchan por sus derechos estén presos y los que saquearon el país caminen por las calles", planteó Chile.

El 16 de julio de 2004 se produjeron graves incidentes en el marco de una protesta contra modificaciones al Código Contravencional que la Legislatura se aprestaba a debatir, por los cuales fueron detenidas 15 personas.

A mediados de mayo pasado, la jueza de instrucción porteña Silvia Ramond rechazó concederles la excarcelación dada la "gravedad" de los delitos que se les imputaban.

A diferencia del criterio que se viene aplicando con las protestas sociales, Ramond tuvo en cuenta que los acusados están procesados con prisión preventiva por "coacción agravada, daño calificado y privación ilegal de la libertad" y que, por ende, podrían recibir condenas de entre 5 y 15 años de cárcel.

La defensa de los detenidos le había pedido a Ramond que los liberara, basándose en el beneficio de la excarcelación otorgado al gerenciador del boliche República Cromañón, Omar Chabán y a la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray.

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