Propone Buenos Aires eliminar impuestos a sellos e Ingresos Brutos

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Buenos Aires - A pocos días de haber logrado la aprobación de un polémico megapaquete de leyes antievasión, el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, afirmó ahora que aspira a que se reemplacen los impuestos a Sellos e Ingresos Brutos por mecanismos que considera más actuales, que deberían aplicarse sobre las «ventas finales».

Se trata, en rigor, de una vieja pretensión de Montoya, que adhiere a la línea de considerar seriamente distorsivos los dos tributos que ahora están en cuestión, los cuales, especialmente Ingresos Brutos, figuran entre las principales vías de ingreso propio de las provincias. «Esta es una de las posibilidades para modernizar el viejo esquema tributario», dijo ayer el funcionario del gobierno del justicialista Felipe Solá, y explicó que el impuesto que planea crear «nos pondría a la altura de otros países del mundo, donde ya se aplica».

• Destinatarios

Según explicó, el nuevo tributo pretendido por Montoya sería absorbido tanto por productores como por comerciantes, que tendrían la posibilidad de «compensar ampliamente (esta carga impositiva) sobre la descarga de Ingresos Brutos y como compensación del impuesto a los Sellos». Apunta de este modo a que el Estado aplique su gravamen sobre el final del proceso, en el momento de la venta del producto. El titular de Rentas aclaró igualmente que «el único que toma las decisiones es el gobernador Solá, nosotros le acercamos ideas».

Montoya se ha declarado en repetidas oportunidades en favor de una simplificación del sistema tributario argentino y en contra de los impuestos que considera que traban la actividad productiva y aquellos llamados «regresivos» (lista que tiene al IVA como principal exponente, ya que grava al consumo sin que importe el nivel adquisitivo del comprador), entre los cuales incluye no sólo a Ingresos Brutos y Sellos, sino también al Inmobiliario sobre empresas productivas. El funcionario critica también el IVA de 21%, el piso de cobro de Ganancias y la superposición de jurisdicciones entre Nación, provincia y municipio, que causa una sobrecarga impositiva.

Con el visto bueno de Solá y la descontada anuencia de la Legislatura -hoy dominada en ambas Cámaras por el oficialismo- son pocos los escollos que debe sortear Montoya para realizar cambios impositivos en la provincia. Aun así, los dichos de ayer tienen por objeto la apertura de
un debate que para poder generar cambios reales requeriría de la participación del resto de los gobiernos provinciales y el nacional, en vista de que se trataría de una modificación global del sistema impositivo que, además, repercutiría en el proceso de coparticipación.

Por lo pronto, el funcionario bonaerense ya goza de amplias atribuciones que fueron aprobadas por ley la semana pasada. Esto incluye los criticados « superpoderes», que le permitirán a su cartera secuestrar automóviles con valores superiores a $ 35 mil que tengan deudas de patentes; embargar bienes y cuentas bancarias de morosos y aplicar aumentos de 80% promedio, pero que llegan hasta 120%, en el Impuesto Inmobiliario Rural.

A su vez, además de defender sus flamantes facultades, Montoya anticipó ayer que comenzará a hacer uso de las mismas
«antes de fin de mes», en tanto que argumentó que las medidas «son criticadas o generan polémica solamente acá, donde no hay una cultura tributaria fuerte, porque en otros países, como en Francia, el ente recaudador puede ir sin autorización judicial a una empresa y automáticamente rematar todos los bienes hasta cobrarse el crédito fiscal».

Respecto de los embargos de automóviles, explicó que los propietarios o conductores deberán portar «los papeles que acrediten la identidad del auto», ya que «los controles los hacemos de una computadora central que tenemos en las rutas; nosotros no los vamos a molestar por una patente (adeudada) sino por lo menos por cuatro». En los casos de encontrarse una mora de este tipo, los rodados « quedarán embargados, y a los 15 días le pediremos al juez que remate el vehículo» para cancelar la deuda.

A través de su avanzada antievasión,
Montoya esperarecaudar durante 2006 unos $ 11.000 millones, para poder superar las marcas del año pasado ($ 8.400 millones) y 2004 ($ 7.000 millones). La cruzada incluiría el cobro de millonarios juicios iniciados a evasores durante 2005, por más de $ 1.500 millones.

Asimismo, el aumento proyectado en los ingresos públicos bonaerenses
impondría en la agenda de Solá el conflictivo tema de los aumentos salariales, ya que bajo fuerte presión gremial el gobernador se limitó a prometer que el tema sólo sería discutido ante una posible suba de la recaudación.

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