Rechazarían extradición por anulación de leyes

Portada Principal

La Justicia federal argentina podría rechazar la extradición de militares de la última dictadura a España, debido a que ahora pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en el país, luego que la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Así lo señalaron fuentes judiciales consultadas, que recordaron que "actualmente no hay ningún impedimento para que militares y civiles que actuaron durante la última dictadura puedan ser perseguidos judicialmente en la Argentina".

Ese es el mismo argumento al que seguramente recurrirán los abogados defensores de los militares reclamados por la Justicia española, quienes se opondrán a que sus clientes sean sometidos a la jurisdicción de Baltasar Garzón.

Más allá de la decisión que se tome, el procedimiento previo que se debe seguir es el siguiente: una vez que el gobierno argentino reciba por vía diplomática el pedido de extradición, lo debe girar a la Justicia federal para que se sortee el juez que intervendrá en el proceso.

Posteriormente, si el pedido cumple con lo previsto en la ley en materia de cooperación penal (24.767) y en el tratado que rige con España, el juez debe decidir si ordena o no la detención de los militares.

En 2003, cuando llegó el primer pedido de Baltasar Garzón, el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó el arresto preventivo de todos los acusados, pero luego debió liberarlos porque el gobierno de José María Aznar desistió de su reclamo.

En ese momento, estaban aún vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y sólo habían sido declaradas inconstitucionales por algunos jueces y cámaras.

Ahora, en cambio, hay un fallo definitivo de la Corte sobre esa cuestión.

Según el artículo primero del tratado de extradición entre Argentina y España, ambos países están obligados a entregarse recíprocamente a aquellos que las autoridades judiciales de uno de ellos persigan por algún delito.

Y en su artículo 3 establece la obligación de extraditar a los responsables de delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos Estados, sean parte, como los convenios internacionales contra el genocidio y la tortura.

Sin embargo, el artículo 9 dice que un país puede oponerse a la extradición de un acusado si está siendo sometido a juicio en el país requerido, en este caso, Argentina.

En esa situación se encuentra la mayoría de los militares reclamados, que están siendo investigados y algunos permanecen detenidos por crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Dejá tu comentario