17 de abril 2002 - 00:00

San Juan: Gobernador promete pagar pero sigue el paro

Trabajadores estatales, de la educación y la sanidad de San Juan tomaron hoy la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial en reclamo del pago de salarios adeudados desde enero y, a pesar que el gobernador Alfredo Avelín consiguió en Buenos Aires 12 millones de bonos Lecop, los empleados ratificaron su decisión de mantener el paro hasta que se salde la deuda.

El propio presidente Eduardo Duhalde, reconoció en declaraciones radicales que la situación de San Juan "es muy difícil", destacó la actitud de Avelín que "está luchando permanentemente, tratando de tener fondos" y consideró que "se trata de provincias quebradas, así como está quebrado el sistema financiero y bancario de la Argentina".

La protesta comenzó hoy con la toma de la Casa de Gobierno provincial por parte de empleados estatales, que impidieron el ingreso de los funcionarios, mientras que trabajadores de la salud y de la educación ocuparon la Legislatura provincial, luego de apedrear el frente del edificio y provocar la rotura de vidrios en puertas y ventanales.

Debido a la crisis que se desató en la provincia, el gobernador Avelín se trasladó a Buenos Aires y mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para destrabar el envío de fondos a la provincia.

Finalmente, el ministro de Economía de San Juan, Ricardo Ortiz, anunció el envío de 12 millones de Lecop, que se destinarán "a realizar pagos a la administración pública y a transferir recursos a los municipios y a la obra social de la provincia, para que se reanuden los servicios asistenciales".

El propio Avelín les comunicó a los dirigentes gremiales, en una teleconferencia desde Buenos Aires, detalles de sus gestiones y que los fondos se destinarán a los salarios adeudados de los trabajadores, "pero que los jueces y diputados no cobrarán durante dos meses".

No obstante, a pesar del anuncio de Avelín, los trabajadores estatales mantendrán el paro hasta que se hagan efectivos todos los haberes adeudados, según anunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Juan, Hugo Leglise.

"El gobierno muchas veces nos ha prometido cosas y después no las han cumplido. Por eso vamos a esperar que se concreten todos estos anuncios, antes de levantar ningún paro", dijo Leglise.

El anuncio llegó tras los incidentes de esta mañana que tuvieron como epicentro el hall del edificio de la Legislatura.

Allí, los manifestantes destruyeron todo cuanto estaba a su alcance: rompieron los cuadros de la galería de vice gobernadores de la provincia e intentaron quemar varios cortinados de las ventanas, lo que fue impedido por efectivos policiales.

Ya en el interior, empleados de la sanidad -nucleados en ATSA- ingresaron al recinto de la Cámara de Diputados, ocuparon por algunos minutos las bancas de los legisladores, y luego se sentaron en el piso para evitar ser desalojados por la policía.

"Queremos que nos paguen los sueldos y que los funcionarios den la cara", decían los manifestantes, mientras que en los pisos superiores del edificio, varios diputados mantenían reuniones para debatir los pasos a seguir.

Algunos legisladores del partido Desarrollo y Justicia buscaron dialogar desde el entrepiso del edificio con los manifestantes pero la respuesta fue una ensordecedora carga de abucheos e insultos contra los legisladores, que debieron retirarse del lugar.

Los manifestantes corrieron detrás de una combi que transportaba a los legisladores sanjuaninos, que tuvieron que abandonar el lugar por una puerta lateral.

El reclamo, que se inició ayer en la provincia con toma de edificios y corte de calles, incluyó también a los hospitales.

Enfermeros tomaron las instalaciones del Hospital Guillermo Rawson, el Marcial Quiroga de Rivadavia, y los de Angaco, Pocito, Sarmiento, Jáchal, Caucete e Iglesia, donde se paralizaron los servicios de salud y sólo se atendieron casos de urgencia.

La crisis llegó en la provincia también para la fuerza policial, que se ocupó normalmente del operativo luego que el gobierno de Avelín destinará fondos de la recaudación de la Dirección de Tránsito para pagar una parte de los sueldos de los efectivos policiales, para evitar un autoacuartelamiento.

Según indicó el ministro de Gobierno de San Juan, José Luis Aracena, "la fuerza policial está presente en todos lados", pero que "tiene orden de no reprimir, sino de contener a los manifestantes y tratar de evitar los choques porque no queremos ni un solo herido".

Por su parte, el ministro de Economía de San Juan, Ricardo Ortiz, consideró que la situación en la provincia "es muy delicada, difícil y de tensión" y atribuyó a las "deudas" que la Nación mantiene con ese estado provincial, los problemas gremiales en territorio cuyano.

Sin embargo, desde Bariloche, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Nélida Doga, atribuyó la crisis en San Juan a "problemas del gobierno provincial, que no puede recaudar y pagar los sueldos estatales en término".

Una versión que surgió durante la jornada fue la posibilidad de intervención de la provincia, que fue desmentida por el propio Avelín en la teleconferencia con los dirigentes, y también por el presidente del Bloque de Senadores nacionales del Justicialismo, el sanjuanino José Luis Gioja.

Desde la secretaría de Seguridad del ministerio del Interior, también se negó la posibilidad de enviar tropas de Gendarmería Nacional a la provincia por considerar que el conflicto "es de baja intensidad" ya que "la policia provincial no fue sobrepasada".

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