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Se suspendió audiencia para definir el futuro de Liporace
Los antecedentes de Liporace no son los mejores: sus superiores lo criticaron duramente en dos oportunidades por no haber ordenado medidas clave para avanzar en la pesquisa y llevar un expediente paralelo y consideraron que sus decisiones tornan "confusa y errática" la investigación.
Por la conducta del juez, un plenario de la Cámara realizó una investigación preliminar y hace diez días envió sus resultados al Consejo de la Magistratura, donde uno de sus miembros, Humberto Quiroga Lavié, ya impulsó un sumario para determinar si Liporace incurrió en mal desempeño de sus funciones.
Por otra parte, el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, radicó una denuncia contra la fiscal en la que la acusaría de haberlo sometido a "presiones" cuando declaró como testigo en el marco de este expediente, dijeron fuentes ligadas a la causa.
El caso está en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y del fiscal Paulo Starc, quien ya requirió que se investigue a su colega del fuero Penal Económico y se determine si incurrió en algún delito.
Según los voceros, la presentación de Echegaray es similar a la efectuada por el cabo de la Policía Federal Andrés Machado, también ex empleado de SW, quien acusó a la fiscal y a su secretario de haberlo presionado para que involucrara a funcionarios del Gobierno en la investigación.
Para algunos de los investigadores la denuncia es "llamativa" porque se produjo luego de que Ruiz Morales pidió la indagatoria del titular de la Aduana el 1 de abril último, después de que le quedaran dudas sobre su declaración como testigo y reclamara que fuera indagado como sospechoso.
En esta causa, Liporace procesó a los ex empleados de SW Walter Beltrame, Claudio Baudino y Fernando Arriete y el viernes pasado dictó la falta de mérito de los directivos de la compañía, Juan y Christian Maggio y Enrique Montero.
Esa medida será apelada por la fiscal en los próximos días, en tanto que están pendiente de resolución las situaciones procesales del último detenido en la causa, Claudio Tamburrini, ex empleado de SW en España, y de Emanuel Denegri y Martín Orellana, quienes cumplían funciones en la empresa de seguridad TAS.
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