Sin solución en Chubut por paro que hoy cumple un mes

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Chubut - Se cumple un mes del grave conflicto pesquero que paraliza al puerto Almirante Storni y las plantas procesadoras ubicadas en el parque industrial próximo a Puerto Madryn, ocasionando pérdidas millonarias.

El reclamo se inició cuando el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que conduce Luis Núñez, exigió a fuerza de piquetes y bloqueo de ingreso a las plantas, una suba salarial a los empresarios, en su mayoría agrupados en la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), que preside el español Mario Ordiales.

La espiral de violencia por parte de los trabajadores creció en forma progresiva en Madryn al punto de incendiar el frente de un diario local -precisamente propiedad de Ordiales-, dañar la fachada de una marisquería emblemática de la zona y escrachar el frente de las viviendas de los gerentes de las compañías, desatando el traslado masivo e inmediato de directivos y sus familias.

El último incidente involucró un
cruce a golpe de puños entre el gerente de una de las pesqueras perjudicadas y el dirigente de una cooperativa.

En síntesis, el saldo parcial del conflicto arroja: escalada de violencia, cuantiosas pérdidas para privados, impacto sin precedentes en el orden social y económico comunal, y perjuicios sanitarios que autoridades califican de «graves». Cabe destacar que se quebró la cadena de pagos de proveedores y trabajadores de las empresas, resintiendo 50% las ventas en comercios y retrayendo la recaudación por impuestos y servicios(el intendente
Carlos Eliseche pidió anoche a piqueteros que dejen ingresar al personal administrativo).

• Putrefacción

Otro hecho detectado en las últimas horas es la putrefacción -por manipulación de los operarios- de al menos 20 mil kilos de pescado depositados en cámaras congeladoras. Condición sobre la que alertaron autoridades de Bromatología y que dispara serios perjuicios para su traslado y deposición final. La CAPIP teme que esa práctica se repita en otras plantas y reclamó una audiencia urgente con la ministro de Pesca española (muchas empresas tienen capitales ibéricos).

En tanto, los trabajadores protagonizaron, entre el miércoles y ayer, una marcha a pie de 77 kilómetros -entre Madryn y Rawson- para involucrar al poder político en el conflicto. Exigieron al gobernador
Mario Das Neves, vía un petitorio, una intervención directa en los hechos que promueva en el ámbito chubutense, la sanción de una ley provincial y crear un fondo social para trabajadores desocupados. En el orden nacional, exigieron reglamentar el art. 27 de la Ley Federal de Pesca que se sancionó hace 8 años -el apartado debe fijar un cupo de captura- y procesar lo producido en el litoral marítimo.

Como resultado del encuentro entre Das Neves y el gremio que agrupa a «fileteros» en puja surgieron anuncios:
la provincia promueve aumentar en 50% el valor de los permisos de pesca y una nueva ley para el sector que derogue el medio centenar de resoluciones, decretos y leyes vigentes y modifique las pautas vigentes (será remitido a la Legislatura). Por caso, exige que los proyectos de inversión incluyan mayor valor agregado de los productos, más tecnificación de las empresas, aumento de mano de obra en planta y mejora en la capacitación del personal.

La provincia anunció, además, que la suba de lo producido por el cobro de permisos alimentará
un «fondo social» para asistir a trabajadores afectados por el conflicto. También se comprometió a gestionar el reclamo ante Nación (ver aparte) y exigió a los empresarios retraer la discusión a la órbita provincial. De hecho, en la actualidad las paritarias entre la CAPIP y la STIA se dan en la sede porteña de la Federación de la STIA, con monitoreo -pero sin mediación- del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Como en un círculo vicioso, el conflicto recrudece y
las negociaciones empresassindicato se dilatan en espera de un eventual levantamiento del paro y de la inminente renovación de los permisos de pesca. En forma previsible, los funcionarios sacan rédito político del hecho: Das Neves anunció que los permisos -los renueva anualmente la provincia y vencieron el 30 de abril- serán revisados en el marco del reclamo gremial. Pero la virulencia del conflicto no encuentra límites: los empresas amenazan con un éxodo hacia otros puertos, y los sindicalistas se envalentonan con un «¡Que se vayan todos ... los recursos son nuestros!».

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