Ambito Nacional

Propone Cornejo multas de $100 mil por conducir ebrio

El gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, impulsa una modificación de la Ley de Tránsito provincial con penas duras para quienes conduzcan alcoholizados, con multas que llegarían hasta los $108 mil y privación de la libertad.

La iniciativa del oficialismo de Cambia Mendoza se da tras una serie de casos resonantes de personas que fallecieron en accidentes de tránsito protagonizados por conductores que resultaron estar ebrios. Entre ellos, el de Julieta Testa, de 25 años, hija del entrenador de vóley Luis Testa. La joven salió despedida del vehículo que manejaba su novio, tras volcar en un ruta hace dos semanas. Luego se comprobó que el conductor tenía 1,41 gramos de alcohol en sangre.

Otro hecho se dio en la localidad de Maipú, donde un empleado municipal murió tras ser embestido por un conductor en estado de ebriedad.

El proyecto que promueve Cornejo (encabeza las listas a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en Mendoza) establece subas en los montos de las multas en un rango que va desde los $40 mil hasta los $108 mil. También prevé la retención del vehículo y la posibilidad de arresto.

Para esto se debe modificar además de la Ley de Tránsito el Código de Contravenciones, como explicó a la prensa local el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul.

Por lo pronto, se mantendrá el 0,5 gramos de alcohol en sangre para establecer la infracción. Aunque las multas crecerán de acuerdo con el grado de incumplimiento. Para casos de más de un gramo de alcohol en sangre se prevé que además de retención de la unidad puedan aplicarse días de arresto e incluso trabajos comunitarios posteriores.

El proyecto estará en la agenda legislativa en las próximas sesiones y se suma a otras iniciativas de mano dura que impulsó el gobernador.

A finales del año pasado había tomado notoriedad la modificación del Código de Faltas, que incorporó entre otros puntos la posibilidad de que los padres sean responsables por las contravenciones de sus hijos, y que también penalizó el consumo de alcohol en la vía pública, el acoso sexual y el llamado desde las redes sociales a alterar el orden público.

Otros proyectos que habían causado revuelo fueron los referidos a la obligatoriedad de los presos a trabajar para costearse su estadía en los penales, así como la norma que penaliza la portación de armas, incluso réplicas de juguete.

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