Economía

¿Puede el Estado financiarse sólo con emisión?

Contrapunto entre la visión ortodoxa contra la intervención para salir de la recesión, y la imperfección de los mercados en la Argentina.

El diálogo entre el exministro de economía y candidato a gobernador Axel Kicillof y la bailarina Virginia Gallardo sobre la inflación dio lugar a un debate sobre economía a al que algunos economistas y periodistas dieron trascendencia, pero que en realidad estaba profundamente distorsionado.

Virginia Gallardo simplemente hizo una chicana aplicando con trampa el método que la lógica denomina “reducción al absurdo”. Consiste en hacer una hipótesis: “La emisión no genera inflación” y luego proseguir con una consecuencia de ese razonamiento “entonces puede financiarse al Estado sin recaudar impuestos”. Este último juicio es absurdo y, por ende, la hipótesis es falsa.

Es obvio que nadie cree que el Estado puede financiarse sin recaudar impuestos, apelando exclusivamente a la emisión monetaria. Incluso cuando Kicillof era ministro existía en el país una excesiva presión impositiva, si bien resultaba insuficiente para acabar con el déficit fiscal. Más aun, había plena conciencia sobre el efecto inflacionario de la emisión hasta el punto de que para neutralizarla se apelaba a una fuerte absorción de dinero por el Banco Central a través de las Lebac. Este mecanismo fue criticado entonces por economistas neoliberales, aunque luego ellos mismos pasaran a abusar de ese instrumento .

Es muy difícil que alguien crea que una emisión gigantesca de dinero no vaya a provocar inflación. Ningún economista, por más populista, llegaría a ese extremo. En realidad, el planteo de Gallardo falsea la “reducción al absurdo”, tal como ocurre habitualmente cuando se quiere ganar una discusión, desfigurando la hipótesis del contendiente. Por ejemplo, es común escuchar que “el gasto en armas es un desperdicio para la sociedad”. Pero darle un bastón a un policía o defender una frontera es necesario. Por ende, se podría concluir que el gasto en armas está plenamente justificado. En ese razonamiento la hipótesis inicial se está interpretando mal. Más claro como hipótesis es afirmar que es un desperdicio para la sociedad la compra de pistolas Taser o una carrera armamentística de las grandes potencias. Decir que el agua es la causa de las inundaciones es una verdad innegable. Pero afirmarlo es una broma que no merece tratarse. Cuando se habla de políticas hídricas nadie habla de suprimir el agua. Se habla de cómo moderar el cambio climático, de la construcción de represas, de evitar la deforestación, de controlar que en los campo no se construyan canales que desvíen el curso de las aguas, etc.

Por eso la pregunta interesante de la bailarina hubiera sido: ¿la inflación “es siempre y en todo momento un fenómeno monetario” como dicen los monetaristas? ¿Es cierto que la política monetaria no tiene ningún efecto perdurable sobre la actividad económica?

Esas preguntas ya no serían motivo de risa. Abren una discusión teórica y política interesante.

Los neoliberales -expresión que no debiera ser peyorativa, porque simplemente se refiere a los economistas que en los años 70 revivieron el pensamiento liberal que había sido barrido por el keynesiano- cuestionan prácticamente todos los instrumentos de política económica destinados a salir de la recesión, impulsar el crecimiento, o promover el desarrollo. Y desde luego cuestionan las políticas monetarias y el gasto público. Como consideran que la tarea principal es alcanzar el equilibrio fiscal -evitando así la emisión monetaria- y además, que siempre hay que bajar los impuestos, su objetivo central y a veces único es reducir el gasto público. Y en este sentido, más que en mejoras efectivas en la gestión ponen especialmente énfasis en restringir la seguridad social (por ejemplo, reformas previsionales) y en general reducir la presencia del Estado (aun a costa de afectar la salud y la educación y desmontando los organismos de control). Ello implica no sólo desguarnecer a los sectores de menores ingresos, sino también, muchas veces, descartar políticas de industrialización, de diversificación de exportaciones, de aliento a la inversión en los sectores prioritarios, etc.

Es obvio que quienes rechazan las políticas activas terminan convalidando las deformaciones estructurales y favorecen a que los sectores tradicionales afiancen su poder en desmedro de sectores incipientes, pero que tienen un gran potencial.

Mostrando una gran preocupación social los neoliberales afirman que la inflación es el impuesto más injusto porque afecta especialmente a los sectores de menores recursos, que no tienen cómo cubrirse de los riesgos de depreciación del peso. Desde ya que hay una cobertura aunque sea insuficiente a través de las paritarias o de la adecuación de los planes sociales. Pero, muchas veces, las políticas antiinflacionarias tienen un mayor costo social que la inflación. Y lo tienen porque generan y convalidan precios relativos más desfavorables para los asalariados, mayores niveles de desempleo e implican la renuncia a lograr una diversificación de la estructura productiva que favorezca el crecimiento de largo plazo. Por otra parte, si la recaudación del impuesto inflacionario se destina a políticas redistributivas, el costo social de la inflación sería negativo, porque una parte del impuesto también la pagan los sectores de altos ingresos.

Más allá de sus costos, ¿la inflación es realmente “siempre y en todo momento un fenómeno monetario?”. La realidad es que no. La inflexibilidad de los precios a la baja en países como Argentina determina que cualquier aumento de un precio individual (como las tarifas y especialmente el dólar) tenga un efecto de propagación a lo largo del tiempo. La hipótesis de que manteniendo constante la cantidad de dinero si un producto sube los demás tiene que bajar porque no hay con qué adquirirlo es abiertamente falsa. Por un lado, los convenios colectivos de trabajo no pueden retrotraerse y los gremios fuertes muchas veces logran alcanzar o sobrepasar la inflación, aun a costa del desempleo. Por otra parte, en Argentina, con la experiencia de muy alta inflación, los empresarios no están dispuestos a vender por debajo del costo de reposición proyectado. Prefiere defender su capital de trabajo aun a costa de reducir drásticamente sus ventas. Como lo muestra la clásica teoría cuantitativa de la moneda, el ajuste se produce a través de la caída de la actividad económica, mientras la inflación se acelera. Ignorando este fenómeno, el Gobierno anunció mil veces que la inflación iba a frenarse, aunque se sucedían violentos aumentos del dólar y las tarifas.

También debe tenerse en cuenta que, particularmente en Argentina, los mercados son muy imperfectos. El alto grado de concentración en sectores claves como industria farmacéutica o supermercados, liberados de toda restricción, hace muy fácil las remarcaciones. La concentración es muy fuerte también en los proveedores de materias primas. De esa forma se generan presiones inflacionarias que se retroalimentan.

En general, la lucha por la distribución del ingreso, que es clara al momento de una paritaria o cuando un sector concentrado impone aumento de precios, es en forma permanente un motor no monetario de la inflación, sobre todo cuando se viene de un proceso inflacionario en marcha.

En definitiva, puede afirmarse que reducir la inflación a la emisión monetaria no sólo es equivocado, sino que conduce a políticas económicas equivocadas.

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