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Ramos Padilla sube al ring a Bonadio y a Carrió pero a la vez intenta blindar futuro de causa

"Invitó" a juez de caso "cuadernos" y a las "lilitas" a aportar su descargo en el expediente de manera voluntaria. Advirtió que los investiga. Además, le respondió a la Cámara de Mar del Plata que le había exigido que defina los alcances de la pesquisa y así intenta conjurar contraofensiva de Comodoro Py.

Debajo de la superficie de la interpretación lineal de su resolución, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla hizo ayer un movimiento sutil pero significativo para aferrarse a la causa que investiga por espionaje ilegal y extorsión. Más allá de “invitar” a su par Claudio Bonadio y a la socia fundadora de Cambiemos Elisa Carrió para que puedan dar explicaciones de las acusaciones en su contra en el expediente definió con cautela el “objeto de la investigación”. La jugada estuvo destinada a encapsular la instrucción envenenada que le había dado la Cámara Federal de Mar del Plata cuando lo confirmó “provisoriamente” al frente de la investigación por asociación ilícita que encabeza el falso abogado Marcelo D´Alessio. Esa orden –tal como analizó Ámbito Financiero- podía ser crucial para que el magistrado conserve bajo su mando el caso, o lo tenga que derivar a los tribunales federales de Comodoro Py. La pieza en el tablero se movió antes de que la Cámara Federal de Casación Penal se aboque a definir si hay chances de que el expediente sea absorbido por los tribunales federales de Retiro.

En el último punto de la resolución conocida ayer, Ramos Padilla indicó que se debía “notificar a los querellados”. Y enlistó a Bonadio, junto a las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic para que “en los términos de los arts. 73 y 279 del C.P.P.N., haciéndoles saber de su derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes”. Pese a no estar formalmente imputadas, Ramos Padilla gatilló con prudencia la bala trazadora que apunta a guiar la segunda etapa de su investigación: los lazos que unen a la organización criminal dedicada al espionaje con sus presuntos usuarios en la órbita de la política. En el mismo acto, decidió subir al ring al juez que no solo investiga el caso “cuadernos”, sino el que, como indicó este diario, podía liderar la ofensiva en su contra por el hipotético complot de “presos K” para hacer tambalear al fiscal Carlos Stornelli. La paradoja: Ramos Padilla señaló como imputados o posibles acusados a quienes lideran la denuncia y querella en su contra.

Sintiéndose fuerte, abrió la puerta para inaugurar el capítulo político del affaire y, en términos diplomáticos, envió la advertencia a las referentes de la Coalición Cívica para que prevean los próximos movimientos del expediente. También servirá para tantear el terreno. Hoy Casación estará en condiciones de resolver la continuidad de las prisiones preventivas de los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi. En 15 días, deberá declarar en indagatoria el periodista de Clarín Daniel Santoro, sospechado de ser la pata mediática de los ardides de extorsión de la banda. Sin embargo, la importancia radica en lo que defina la Sala II del máximo tribunal penal respecto a las apelaciones a la competencia. No hay jurisprudencia que avale cambios, pero el Gobierno redobló la presión para conjurar el fortalecimiento de lo que pueda ocurrir en Dolores.

Pero lo más relevante de Ramos Padilla fue haber definido el objeto de la investigación en los términos del reclamo de la Cámara marplatense. De ello, en definitiva, depende que continúe o no con la causa. Así estableció que “se investiga una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas de espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior para el beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros”. Sostuvo que era “extensa” y que modificaba composición y alcance según las operaciones que desarrollaba. Y que se apoyó en “relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado” y que “se valió de utilización de periodistas y medios de prensa que fueron clave para el éxito de sus operaciones”, en referencia a Santoro.

También aclaró que nadie fue “ingenuo” en la trama, sino que actuaron contra las instituciones republicanas. Dejó entrever allí que había contactos con servicios de inteligencia locales y extranjeros y “en el Servicio Penitenciario”. A todos les adjudicó un comportamiento “pseudo mafioso” y relaciones “estrechas de colaboración mutua” con dependencias oficiales. Puso proa así a crear una causa que pueda ser un “Watergate” si se profundiza, la peor pesadilla de la administración de Mauricio Macri. Inteligencia ilegal, almacenamiento de datos, influencia institucional y en la vida política del país, captación de comunicaciones y de movimientos migratorios, infiltración y la aplicación de técnicas de manipulación fueron algunas de las tácticas aplicadas por la banda según el juez. Ramos Padilla no situó una locación específica para el origen de las maniobras (condición de la Cámara) sino que se explayó sobre los organismos públicos –incluida la AFI- desde donde provino la información ilegalmente obtenida. El juez estableció 31 casos donde había actuado la organización.

Ramos Padilla intentará así obtener más oxígeno de la Cámara de Mar del Plata y de Casación para fortalecer la investigación, mientras la contraofensiva comienza a desinflarse con el deslinde de responsabilidad de quienes intervinieron en las escuchas a los pabellones de Ezeiza y Marcos Paz desde donde provino la contra jugada para blindar a Stornelli.

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