Política

Resucita Código Procesal Penal pero aún debe activarse comisión bicameral clave

Dará paso a la creación de la comisión legislativa encargada de marcar el calendario para la implementación progresiva del sistema acusatorio. Salta, candidata a prueba piloto. Último bastión que mantendrá el poder en jueces: tribunales de Comodoro Py.

Con el acto formal de promulgación, vía el Boletín Oficial, el Gobierno activó las modificaciones al Código Procesal Penal –que rige todos los procedimientos judiciales a nivel federal- y revitalizó el proceso de implementación de una de las reformas que había archivado por haber sido heredadas del kirchnerismo. Más allá de la novedad de su vigencia, sólo dará paso a la creación de la comisión encargada de marcar en el calendario su implementación progresiva que, lentamente, comenzará por las provincias de Salta y Jujuy y continuará en algunas jurisdicciones del sur como la de Comodoro Rivadavia. El último bastión en ser alcanzado por los cambios será precisamente el más sensible: Comodoro Py, cuya fecha tentativa es todavía insondable. En algún momento se tendrá que poner en juego también la apertura de lo que se conoció como “Anexo II” durante la era K, que era la nómina de cargos que se abrirán dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal para adaptar su organigrama al nuevo sistema acusatorio. En su momento, era un botín de alrededor de 1734 cargos nuevos que la administración de Cristina de Kirchner quiso nombrar antes de que entrara en vigor la norma que modificaba plazos y procedimientos.

De acuerdo a un comunicado de la Procuración General que conduce Eduardo Casal se celebró “la promulgación de la Ley 27.482, sancionada recientemente por el Congreso Nacional, que incorporó reformas legislativas al Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063) cuya implementación se encontraba suspendida. Se prevé que la nueva reforma se podrá en marcha durante el año en curso”, anticiparon. Sin embargo, son aun preparativos para su puesta en marcha: en su texto, esta ley publicada, en si artículo 7, modifica a su vez el artículo 3 de la Ley 27.063 que establecía que entraría en vigencia (el pleno del Código Procesal) en la oportunidad que establezca la ley de implementación. Y también, reforma la comisión bicameral que evaluará, controlará y propondrá los respectivos proyectos de ley de adecuación. La reforma, que cambiará el sistema inquisitivo por el acusatorio representa un cambio de paradigma donde los fiscales serán los encargados de las investigaciones penales y la actuación de los jueces estará reservada a velar por las garantías del proceso.

En diciembre pasado, en sesiones extraordinarias, el Congreso de la Nación reformó el Código sancionado y promulgado en el año 2015, cuya entrada en vigor se encontraba suspendida por el decreto de necesidad y urgencia N°275/2015 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Fue apenas Cambiemos desembarcó en la Casa Rosada y ante la chance de que el nuevo formato quedara bajo la órbita de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a quien batalló hasta adelantar su renuncia. Luego de años de discusión, el proyecto de reforma de la Ley 27.063 obtuvo el consenso de ambas cámaras en los últimos días del año pasado y se sancionó la Ley 27.482 del nuevo Código Procesal Penal Federal que fue promulgado y publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes. Entre los temas incorporados mediante la nueva ley, los legisladores dispusieron que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal estudiara y definiera un cronograma progresivo de implementación, previa consulta con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. “Sólo resta que la Comisión Bicameral decida en qué lugar y en qué fecha comenzará a regir”, finaliza la comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal sobre el eje central: cuándo los legisladores definirán que el cambio pase del papel a una realidad tangible que altere el actual esquema del Poder Judicial. El poder que adquirirán los fiscales sobre las causas lo perderán los jueces, lo que genera no pocas resistencias subterráneas.

Desde 1991 está vigente el actual sistema que había sido modificado en 2014 a instancias del entonces oficialismo, sin acompañamiento opositor. En el medio de esa discusión se había colado otro asunto espinoso que era un supuesto “avasallamiento” de la autonomía porteña porque parte a de la estructura a modificar correspondía a tribunales que deberían ser traspasados a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Tres años más tarde, se resucitó el proyecto pero aún no tiene plazos certeros para cambios concretos.

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