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Riesgos del Trabajo: entre la razón y el disparate

La reforma de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (Ley 27.348) nació de la coincidencia entre Gobierno, sindicatos, empresas y legisladores de que el sistema en Argentina estaba en emergencia como consecuencia de una litigiosidad alarmante que mermaba su competitividad haciéndolo inviable. También se sumaron las gobernaciones y legislaturas provinciales, en clara señal de necesidad de sostener al sistema.

La Reforma introdujo nuevas herramientas para combatir ese flagelo, como así también contribuyó a poner el foco en absurdos periciales y decisiones judiciales arbitrarias.

Como todo cambio, sus resultados no se observan de inmediato y en el inicio conviven los aspectos virtuosos, representados por la ostensible caída de las demandas, por el acompañamiento judicial y el de las provincias, con aquellos negativos que se pretende desterrar.

A estos aspectos virtuosos destacables se contrapone, sin embargo, lo burdo de algunos fraudes intentados que finalmente terminan desprotegiendo a los defendidos. En el caso CÁCERES Fernando Omar c/ Federación Patronal S.A. sobre accidente de trabajo, la sentencia de mayo/19 destaca que a simple vista y sin necesidad de realizar un cotejo, la firma del demandante no sólo que no es auténtica sino que además es igual a la del funcionario público otorgante del DNI, es decir a la del ministro del Interior (a esa fecha Florencio Randazzo). Se ve que en el apuro por presentar la sentencia se falsificó la firma equivocada. Lo torpe de la maniobra concluyó con la decisión del Tribunal del Trabajo N° 1 de declarar inexistente el acto jurídico de demanda, imponiendo costas al letrado representante y solicitando no sólo la intervención de la Fiscalía, librándose oficio a tal fin, sino también la del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.

Los absurdos periciales son un capítulo aparte. Los desvíos respecto de la tabla de medición de incapacidades, Baremo, representarían un adicional de u$s5.000 millones respecto de los valores tarifados por las ART. Todo este panorama sigue agravándose por la evolución de las tasas de interés, que al ritmo de las variables económicas, incrementan en forma automática las prestaciones dinerarias de la LRT y a la vez contribuyen a amplificar los absurdos y excesos periciales en el ámbito judicial.

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