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Se inició traspaso de Edenor y Edesur

Quedan a cargo del Estado nacional los reclamos de las empresas por situaciones anteriores al 28 de febrero.

A partir de hoy se inicia el proceso de traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, según ya estaba previsto en el Consenso Fiscal 2018 y en la ley de presupuesto para este año.

La transferencia y las condiciones en que se realizará -será un “proceso en etapas”- fueron acordadas ayer entre el Estado nacional, la provincia y la ciudad a través de un acta acuerdo firmada por el ministro Nicolás Dujovne, el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

El acuerdo prevé la creación de un ente bipartito de control y regulación. Pero durante 2019 el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) prestará “toda la colaboración que le sea requerida” para asegurar la continuidad de las tareas de control y regulación del servicio.

Como también está previsto en el Consenso Fiscal a partir del 1º de enero de este año, la Provincia y CABA afrontan con recursos propios el gasto asociado con la tarifa social. Esto hasta el momento no se venía cumpliendo por lo que Edenor y Edesur no están recibiendo los fondos, pero se entiende que el punto quedará solucionado por el acuerdo alcanzado con relación a los pasivos anteriores.

En ese sentido, el Estado nacional se comprometió a dar solución a los reclamos pendientes de las concesionarias. Y también queda como único responsable por los créditos y deudas que tengan una causa o título anterior al 28 de febrero de 2019 con excepción de la deuda por la tarifa social que se haya originado con posterioridad al 1 de enero.

Según el acuerdo, el Estado nacional mantendrá indemne a la Provincia y a la ciudad “de cualquier responsabilidad que eventualmente les fuera atribuida por cuestiones anteriores al 28 de febrero de 2019”, salvo en lo que se refiere a la tarifa social de este año.

De acuerdo al documento, los reclamos pendientes más significativos son de tres tipos:

a) Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el Estado nacional y las Concesionarias en 2006, y con el llamado período de transición que según el acta, es el que trascurrió entre el 6 de enero de 2002 y la revisión tarifaria integral, RTI, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017.

b) Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional.

c) Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar un tope de consumo en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

El acuerdo también prevé que el ENRE y las empresas, con la participación del organismo de control que se cree en la órbita de la Provincia y de la Ciudad, llevarán a cabo una auditoría de corte de la situación económico-financiera de Edenor y Edesur y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo.

El acuerdo indica además que “existen cuestiones contractuales y legales que deben abordarse durante ese período”. Señala en ese sentido que los contratos de concesión fueron celebrados en 1992 y que es necesario prever cómo se instrumentarán, luego del traspaso, algunas de las cuestiones reguladas en el decreto 714 de 1992 de creación de Edenor y Edesur.

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