Absurdo: más barcos para menos recursos

El proyecto de Ley Nº 026, enviado a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz el 17 de marzo pasado, que proponía modificar la Ley de Pesca 1.464 de dicha provincia, en el sentido de autorizar a subastar permisos de pesca sin exigir la radicación de plantas en tierra "ni otras exigencias que rigen por los arts. 22 y concordantes", es inoportuno.Políticamente, porque recién abierta la herida interprovincial que causó el golpe de la abrupta interrupción del Acuerdo para la Explotación Conjunta del Golfo de San Jorge, tras 18 años de buen funcionamiento, puede hacer interpretar que la divergencia se amplía, por cuanto el motivo más claro de dificultad para acceder a un nuevo acuerdo -"ansiado tratado", dice la carta de envío a la Legislatura del proyecto de ley- ha sido el número mínimo de barcos pretendido por Chubut, que desea preservar en lo posible sus industrias pesqueras. Es claro que Santa Cruz toma un camino unilateral que la aleja aun más de las posibilidades de un acuerdo.
Biológicamente, porque se están confirmando las previsiones científicas del INIDEP, de muy malas pescas, con lo que aparece claro que por el momento no deben ser más, sino menos, los barcos que presionen sobre el ecosistema. En Santa Cruz y en Chubut todo el sistema es uno, y uno debe ser el manejo. Económicamente, porque la escasa cantidad de langostinos y el haberse consumido ya un mes de los 5 o 6 que puede tener la temporada, no permiten suponer una subasta exitosa; y sería lamentable que la diferencia de valores pagados por los permisos por parte de los que tienen inversiones y empleo significativo e historia por muchos años y de los que acudan a una subasta -que puede ser de humo- no sea todo lo significativa que debería ser o, como dice el texto del envío del proyecto de ley, "muy superior". A pesar de que se quiere tomar distancia de una intención fiscalista, caída la base biológica, esa intención aparece con mayor fuerza. Desde el punto de vista de los 29 barcos que fueron literalmente expulsados de Santa Cruz, muchos con más de 15 años de historia de pesca en esa provincia, al amparo de leyes en vigor por mucho tiempo, también parece inapropiado que no se les tenga en cuenta preferencial ante la posible decisión de nuevos permisos y se prefieran otros posibles interesados, simplemente porque en la subasta ofrezcan más dinero. Esa diferencia de dinero pueden ser 100 pesos contra 18 o 20 años de historia. La credibilidad en el respeto a las relaciones históricas en Santa Cruz, a su previsibilidad en el tiempo, base de una relación estable y fructífera, también sufrirá. Y de esos 29 barcos pueden surgir esas nuevas relaciones, si se los tiene en cuenta y no se los golpea más.

Analisis
El mal y el bien nunca aparecen en estado puro. Del mal general que supondría una mala estación de pesca, que puede seguir en 2006, se saca el bien de que sea tiempo para tomarse de reflexión y reencaminar, desde foja cero, las conversaciones que nos lleven a un nuevo acuerdo para recuperar el recurso pesquero tan amplio y generoso como sea posible, con la mira en la mejor explotación del recurso, desde el punto de vista biológico, social y económico, por ese orden. El costo político, de no hacerlo, será de importancia, sin duda, más en Santa Cruz que en Chubut, porque ellos rompieron el acuerdo y tienen más unida su economía pesquera al recurso langostino que Chubut, que está más diversificado.
La actitud de la provincia de Santa Cruz parece más orientada a una discusión con países enemigos que con una provincia hermana, con la que durante muchos años compartió sus recursos pesqueros en absoluta armonía.