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El campo requiere un cambio de estrategias

En rigor, los demandantes presentaron dos causas ante el DOC. Una, contra el Estado argentino por el presunto otorgamiento de subsidios a la producción interna mediante el pago de un reembolso a las exportaciones de miel a granel que en los primeros meses del año anterior subió de 4,6 al 5,4% del valor total de los embarques. La otra, por sospecha de dumping en la que incurrirían productores y exportadores argentinos que comercializan el producto a 1.200/1.300 dólares la tonelada en el mercado interno, pero lo ofrecen en el exterior a 800/1.000 dólares la tonelada.
Pero los esfuerzos fueron vanos. No pudieron neutralizar los embates de la acusación. No tanto por la solidez de las demandas como por la debilidad de las respuestas. Es que los competidores del Norte, conocedores del modus operandi local (también ellos contrataron consultores locales que les suministraron una exacta radiografía del sector), sabían de antemano que la desorganización administrativa de los aproximadamente 25 mil apicultores argentinos (la cifra es estimativa ya que n hay un registro confiable de productores) y el alto nivel de evasión de la actividad harían imposible la presentación de la documentación demostrativa de la realidad de los costos de producción que pudiera desvirtuar las acusaciones de subsidios y dumping.
Como símbolo de las imprecisiones se menciona que de los doce productores elegidos por los demandantes para informar sus estructuras de costos, ninguno pudo dar una respuesta y que para disimular ganancias, algunas contabilidades habían incrementado las cifras de sus costos, con lo cual fortalecieron la argumentación de los denunciantes.
La situación no cambió demasiado con la visita realizada el mes pasado por los verificadores del DOC a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya) y a las empresas exportadoras de Buenos Aires para corroborar la veracidad de los datos aportados en la primera etapa del juicio. Ahora resta conocer la sentencia final, esperada para el mes de setiembre próximo, luego de la presentación de los últimos alegatos de ambas partes en Washington, la cual, probablemente, ratificará la resolución preliminar de los funcionarios del área comercial.
Mientras tanto, la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) proyecta la creación de un Registro de Salas Extractoras de Miel que permitiría la trazabilidad del producto para facilitar su control bromatológico e impositivo. La iniciativa, presentada en el último trimestre del año pasado como una reacción tardía de ordenamiento del mercado inter no para enfrentar el embate de la competencia internacional, todavía está dormida en espera de su tratamiento por la conducción de Agricultura.


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