¿ES LA CRISIS ENERGETICA UNA CONSECUENCIA DE LA INACCION?

Escribe Dr. Gustavo Bianchi (*)

El mercado energético es un mercado complejo en el cual las fallas aparecen todas juntas. Sin una regulación adecuada del Estado ese mercado falla. Si falla, no hay inversiones que permitan acompañar el crecimiento de la demanda y sin inversiones, irremediablemente, se termina en un apagón. Además de inversiones -fundamentalmente privadas- se requiere la planificación necesaria para que la matriz energética sea resistente a diferentes shocks.
La Argentina de hoy carece de una regulación del mercado energético consistente con la inversión que necesita el país para acompañar el crecimiento de la demanda. No puede extrañar, entonces, que virtualmente no hayan habido nuevas inversiones que alimenten la oferta. Peor aún, no hay en el horizonte el esbozo de un plan que mire un poquito más allá de la urgencia.
Lo que sorprende es que un gobierno que asumió ya con una economía en recuperación, no pueda mostrar absolutamente nada en el área energética tras cuatro años de gestión, cuando sabe que para sostener el crecimiento hace falta energía y que las inversiones, sea en exploración, transporte o generación, requieren tiempo. Por eso la inacción es inexplicable. Esta falencia en la gestión obligará al próximo gobierno a correr a la demanda desde atrás.
Como resultado de malas políticas del Estado en algunos casos y de la inacción del Estado en otros, la producción, capacidad instalada y reservas de petróleo, gas y energía eléctrica se mantienen estancadas o en descenso desde 2002, operando al límite de la capacidad en un contexto de demanda creciente y reservas en declive, como podemos ver en los gráficos adjuntos.
Donde las fallas se hacen más notorias es en el mercado eléctrico. Porque la capacidad de importar energía eléctrica es limitada por falta de infraestructura de transporte y la inoperancia del gobierno nacional se traduce, entonces, en cortes que se han multiplicado fundamentalmente en el interior del país. Para el segmento no residencial los contratos ininterrumpibles se suspenden con mayor frecuencia y los contratos firmes han dejado de ser tales.
La escasa diversificación de la matriz energética -éste es un problema heredado por el actual gobierno- hace que dependamos mucho de las lluvias, además de que el invierno no venga muy frío o el verano demasiado caliente, para zafar del apagón.
La potencia instalada teórica se mantiene virtualmente inalterada desde la crisis en 24,000 MW mientras que la demanda ha crecido más de 20% hasta virtualmente agotar la reserva del sistema. Ninguna central nueva se ha incorporado al sistema en la gestión del actual gobierno. No han habido incentivos para que el sector privado invierta y eso es fundamentalmente el resultado de la decisión de no tocar las tarifas hasta pasadas las elecciones presidenciales de octubre de 2007.
La propia Cammesa, sociedad administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), advirtió que «el sector ingresó en el año 2004 en un estado crítico por efecto de la escasez de gas natural, y a partir de 2006 ingresará paulatinamente en una crisis de insuficiencia de generación eléctrica de no encontrarse en breve nuevo equipamiento que aporte energía. En otros términos, finaliza en el año 2005 una situación del sistema con reserva ante fallas habituales y comienza a partir del año 2006 una operatoria donde ante fallas circunstanciales el sistema puede entrar en soluciones de falta de reserva y/o no abastecimiento».
Además, Cammesa alerta sobre «riesgos considerables en un horizonte de corto a mediano plazo lo cual hace crítico el cumplimiento de las fechas previstas de ingreso de equipamiento». Básicamente, la referencia en el informe es para las centrales de ciclo combinado de Rosario y Campana que vienen siendo anunciadas desde el primer trimestre de 2004 y que agregarían 1,600 MW de potencia adicional al sistema; llevar Yacyretá progresivamente a cota 83 y ampliar la capacidad de transmisión desde Yacyretá hacia el GBA; finalizar Atucha II; aumentar la capacidad de transporte de gas.
A los riesgos que destaca Cammesa yo agregaría dos preocupaciones adicionales. En primer lugar, la incapacidad de gestión que ha mostrado el gobierno genera interrogantes sobre el «cumplimiento de las fechas previstas».
En segundo lugar, aun si la próxima administración gestionara de un modo diferente a la actual y cumpliera con las obras pactadas en tiempo y forma, éstas no alcanzarían para cubrir la demanda esperada. Hoy estamos perdiendo un tiempo valioso para dar una respuesta estratégica que permita atender los desafíos del crecimiento en el mediano y largo plazo.

Dos años para adjudicar una urgencia

El caso de las centrales de ciclo combinado de Rosario y Campana tiene la virtud de abreviar la justificación de las dos preocupaciones advertidas en el párrafo precedente. La construcción de las centrales de ciclo combinado fue anunciada a principios de 2004 tras la creación de un fondo cuasi compulsivo que capitalizaría las acreencias que las generadoras habían acumulado en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) como consecuencia del congelamiento de tarifas. A esos fondos se sumarían aportes del Estado -y de terceros-, depositados en el Banco Nación, para financiar una inversión total que excederá probablemente los mil millones de dólares. El propio ministro de Planificación anunció que la primera central estaría funcionando para el tercer trimestre de 2006, y que la segunda entraría en operaciones en 2007.
Cinco meses después de aquel anuncio fue el presidente de la Nación quien corrigió el calendario. En palabras de Néstor Kirchner los primeros 1,070 MW estarían disponibles en setiembre de 2007 y en 2008 ingresarían los 530 MW restantes. La realidad muestra, sin embargo, que a fines de 2006 (octubre-noviembre) el gobierno recién logró adjudicar una obra que para entonces, y de acuerdo con los planes originales, ya debía estar funcionando. Peor aún, el Estado tenía los fondos disponibles. Durante todo ese lapso existieron fondos fiduciarios depositados en plazo fijo del Banco de la Nación por más de mil millones de dólares.
La incomprensible demora del gobierno que tardó más de dos años para adjudicar una licitación, le causó un costo millonario adicional al país porque la urgencia hizo después que el Estado terminara aceptando la oferta más cara -la de Siemens- que es aquella que promete la instalación en el menor tiempo.
Si el gobierno nacional hubiera escuchado a los profesionales del área e inclusive a la propia Cammesa que advertíamos, desde el año 2004, el advenimiento de una crisis se debía a los factores concurrentes, por un lado, la pesificación del precio del gas en boca de pozo y el congelamiento de las tarifas del transporte y distribución y, por el otro, la demanda agregada por la recuperación de la actividad industrial, el fuerte incremento del consumo del GNC, el crecimiento súbito de la demanda de gas, gasoil y fueloil para la generación eléctrica debido a que aquel año fue hidrológicamente pobre y que además los climatólogos advertían de este cambio de temperatura con períodos de sequía en los años 1991, 1996, 1999, 2004, 2007, seguramente nos encontraríamos en una mejor situación.
Hoy, en la cruda realidad que vivimos, el propio presidente ha dicho que la falta de gas y de energía eléctrica se debe a la ola de frío. Seguramente en verano se dirá que el problema es el calor.

(*) Ex investigador de CNEA. Ex director de Repsol YPF. Ex vicepresidente de San Antonio Pride. Asesor de Energía UNA.