Fronteras descuidadas

Ataque: Pasaportes falsos confiscados en un raid realizado en una célula relacionada con Bin Laden en España

Por JODIE MORSE

(TIME) -- De todas las terribles lecciones que EE.UU. ha aprendido desde el 11 de septiembre, una de las más terroríficas ha sido lo absurdamente fácil que es para los chicos malos introducirse en el país. Los secuestradores de los aviones no cruzaron la frontera clandestinamente en medio de la noche ni presentaron pasaportes falsos; 19 de ellos entraron al país legalmente, con visados de turista, de negocios o de estudiante. Más de 7 millones de individuos entran a EE.UU. provistos de visados, y cerca de 3 millones de ellos permanecen más tiempo del indicado, como lo hicieron los terroristas. El Servicio de Naturalización e Inmigración, la agencia federal encargada de vigilar a aquellos que cruzan las fronteras, "se ha vuelto esencialmente un comité de bienvenida", asegura Jim Dorcy, un veterano de 30 años de la institución y que ahora es un consultor de la Federación para la Reforma Inmigratoria Estadounidense. "Tratamos a la gente que se presenta a nuestra puerta como si fueran clientes y buscamos una forma para dejarlos entrar", continúa.

Desde el 11 de septiembre, el Servicio de Naturalización se ha propuesto quitar la alfombra roja. Pero para llevar a cabo eso requiere de un abrupto cambio en la misión de dicho organismo, el cual durante la última década ha tenido contradictorios mandatos. Por un lado, EE.UU. ha hecho alarde de sus esfuerzos por fortificar la frontera con México para detener a los trabajadores inmigrantes y a los traficantes de drogas. Pero el escrutinio público de los millones que entran por aire es mucho menor. Una vez que los extranjeros han pisado el suelo de EE.UU. en forma ilegal, el Servicio de Naturalización, bajo intensa presión de las industrias que dependen de la mano de obra barata, hace poco o nada para expulsarlos.

La tarea de rastrear a los más de 6 millones de residentes ilegales que han logrado entrar le cabe a un escuadrón de 2000 agentes del Servicio, una fuerza del tamaño de la fuerza policial de una ciudad como San Diego. Incluso ahora estos agentes tienen acceso limitado a las bases de datos criminales del Gobierno federal. No es sorprendente entonces que cuando dos de los secuestradores aparecieron en una lista de individuos buscados por la CIA en agosto, el Servicio ya había perdido su rastro.
Siete audiencias en el Senado y la Cámara de Representantes durante las últimas tres semanas han servido como manantial de ideas para lograr el cambio. Entre las medidas propuestas está la de incluir una base de datos gigantesca para seguir el rastro de las idas y venidas de todos los visitantes extranjeros. Semejante tipo de información podría llegar a costar 500 millones de dólares y ya está generado oposición de aquellos que la consideran xenófoba. Lo que ya se ha promulgado en un paquete antiterrorismo es una medida que triplicará la cantidad de agentes de inmigración a lo largo de la frontera con Canadá, de 6.400 kilómetros, cuya guarda está confiada en algunos trechos los conos de demarcación anaranjados. El senador Edward Kennedy, presidente del subcomité de Inmigración y por largo tiempo el campeón de las fronteras abiertas, introducirá legislación la semana próxima para la confección de nuevos pasaportes repletos de huellas digitales que podrían servir para realizar inmediatos chequeos personales. Otra propuesta, menos ostentosa pero no menos crucial, es la del entrenamiento de los 900 oficiales consulares que conceden las visados en los distintos puntos del globo.

El Gobierno ya está llevando a cabo silenciosos pasos en pos de una reforma del Servicio de Inmigración. El comisionado de dicha agencia, James Ziglar, quien ha tomado el timón hace dos meses, recibe reportes diarios de inteligencia. Un grupo rotativo de 1.000 agentes del Servicio trabaja junto al FBI para detectar y detener a sospechosos de haber violado su estatus en el país. De pronto, los agentes del Servicio se han vuelto obsesivos con los detalles. En enero, oficiales de inmigración detuvieron al líder de los secuestradores del 11-S, Mohamed Atta, en el aeropuerto de Miami cuando intentó usar un visado de turista para entrar al país para estudiar en la escuela de vuelo. Le perdonaron el incidente después de dejar constancia que el visado adecuado de estudiante estaba "pendiente". Hoy día, los oficiales de inmigración quieren ver que los papeles estén en regla, incluso los documentos de identidad con fotografías de los ciudadanos de EE.UU.

"Las mismas reformas fueron llevadas a cabo después del atentado contra el World Trade Center en 1993, ya que uno de los criminales permanecía en el país con un visado vencido", dice Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración. "Nos ha faltado la voluntad política para llevar adelante este tipo de cosas", continúa. Vaya si así es. Los congresistas de los distritos que se encuentran cerca de la frontera, en Texas, están clamando ya por la pérdida de negocios de sus votantes. Peor aún, el Servicio está perdiendo agentes en el preciso momento en que se debe asegurar las fronteras, ya que cientos de ellos están buscando trabajo como policías aéreos (mejor pagados).

Ninguna reforma puede resolver el problema central de la agencia: cómo separar a los miles de aquellos que desean visitar Disney World de aquellos que quieren volarlo en pedazos. Recientemente, el Servicio detuvo a un analista de negocios paquistaní, que estaba tratando de volar de Ft. Lauderdale (Florida) a la ciudad de Nueva York pero que no tenía sus papeles consigo. Después que el abogado del analista envió por fax una copia de su visado de negocios, el agente del servicio le dejó abordar el avión con una última recomendación: "Espero que no sea usted un terrorista. No nos deje en evidencia".

- Informes de Lissa August/Washington, Paul Cuadros/Raleigh, Siobhan Morrisey/Miami, Melissa Sattley/en la frontera con México, y Rebecca Winters/New York.