La irracionalidad triunfó en la calles chubutenses

Escribe Richard Leslie Ramsay
Puerto Madryn está sitiada. Uno de los puertos más importantes de la provincia de Chubut es víctima de la escalada de reclamos sociales que pone en riesgo el buen funcionamiento de ese puerto, el presente de las exportaciones argentinas y las futuras inversiones de empresarios pesqueros en la Argentina.
"Estamos cercados", sentencia Mario Ordiales, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP). "Desde el 13 de abril, los empresarios estamos sin poder entrar a nuestras plantas, sin poder mantener los equipos de frío, sin poder acceder a las computadoras, a la administración de las empresas, sin mover los vehículos que dejamos dentro de las plantas o los barcos que tenemos en el puerto. Hay un estado de sitio".
Pero, además de este nuevo conflicto por parte del personal de plantas de tierra, el sector ha sufrido en los últimos tiempos durísimas huelgas por parte del personal embarcado, algunas de ellas, como el caso de Alpesca SA, significaron 70 días seguidos de paro de los buques en los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero 2005. De esta manera es imposible seguir, no hay industria de mano de obra intensiva que pueda soportar en pocos meses 100 días de paro.
El conflicto entre las empresas pesqueras, representada por la CAPIP, y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) comenzó el pasado 13 de abril, debido al pedido de los representantes gremiales de un aumento salarial de 100% para todos los trabajadores de ese sector. Vale la pena destacar que el salario de un operario sin ninguna especialidad está por encima de los 1.000 pesos mensuales, por lo que la posición irreductible de los dirigentes gremiales permite inferir que existirían otros intereses.
"Se respetaron todos los aumentos otorgados por el gobierno", explica Ordiales; sin embargo, los dirigentes sindicales dicen que "estos aumentos no los otorgan las empresas sino el gobierno". Este razonamiento de por sí resulta absurdo ya que, en definitiva, quienes deben soportar el peso de los aumentos son los empresarios, no el gobierno.
Según el presidente de la CAPIP, la primera propuesta de los empresarios para terminar con el conflicto fue incluir como remunerativo el último aumento exigido por el gobierno, incorporándolo a la hora trabajada. "Esto suponía 29% de aumento. Pero ellos no consideran los aumentos otorgados compulsivamente por el gobierno, por lo que sostenían que este aumento era sólo de 6%." Cabe señalar, y lo venimos alertando en estas páginas, desde hace varios meses, que el sector pesquero está soportando una fuerte crisis por la disminución de los recursos pesqueros más importantes y comerciales que permiten el sostenimiento de las empresas: merluza, langostino y calamar.
 Las pérdidas
Pero este conflicto no sólo perjudica a las empresas pesqueras, ya que se extiende a otras compañías que operan en la zona. "Aluar perdió una exportación de 1.200 toneladas de aluminio durante la primera semana de huelga, y Piedra Púrpura se retrasó con un embarque de 800 toneladas de piedra porfirio a Italia", dice Ordiales.
Mientras esto sucede, cuyos alcances superan la región, las autoridades del gobierno, comenzando por su titular Mario Das Neves, en lugar de imponer orden y brindar seguridad y libre acceso a las empresas, reta a los empresarios amenazándolos con quitarles los permisos de pesca si no acuerdan con los sindicatos. Es decir, que quien debe velar por las inversiones realizadas en esa provincia, se torna en parte, dejando que prospere la extorsión sindical.
Procurando que se termine con este movimiento salvaje que está afectando a todo Puerto Madryn, en una segunda reunión CAPIP aumentó la propuesta. "Se subió el importe de la hora y estábamos pagando 50 por ciento más, pero que intepretado gremialmente, sin incluir los aumentos del Estado, representaba sólo 23 por ciento de aumento. No hubo acuerdo. Se obstinaron en que paguemos 100 por ciento de aumento, aunque eso es absolutamente imposible", explica el empresario.
Por otra parte, la asociación gremial empresaria ofreció elevar la garantía básica de 450 a 1.000 pesos. "Si no hay materia prima (pescado para procesar) se pagaban 450 pesos mensuales aunque no se trabajara, lo que equivale a una especie de subvención que se podría comparar con los planes Trabajar que otorga el gobierno. En las negociaciones ofrecimos subir esta suma a 900 pesos e incluso estamos dispuestos a subir a 1.000.
Este ofrecimiento tampoco fue aceptado, lo que determinó el dictado de una conciliación obligatoria de 38 horas. "Fue una pantomima, una farsa total. No sólo no fue acatada por los gremios, sino que siguieron cortando las rutas", denuncia Ordiales.
La última reunión con todos los dirigentes gremiales se realizó en el Consejo Deliberante de Puerto Madryn, comenzando a las 18 horas. Cuarenta y cinco minutos después, uno de los doce delegados sindicales que habían entrado a la negociación salió y les dijo a los aproximadamente 700 manifestantes que no se había alcanzado un arreglo. Por la forma de actuar se evidenciaba que ya estaba todo programado. "Rompieron los cristales de la ventana que daban a la calle, y empezaron con bombas de estruendo, insultos y amenazas de muerte", relata Ordiales, que fue víctima junto con otros 13 empresarios de la violencia irracional de los manifestantes, ya que hasta ese momento se estaba conversando para buscar una solución pacífica al conflicto.
"Tal era el temor de la Policía por lo que estaba sucediendo, que nos llevaron a una habitación de tres por tres metros sin aire ni ventanas, pero lejos de la horda embravecida. Allí, estábamos catorce empresarios, entre ellos cinco españoles y otro de una empresa sudafricana. Cuando salíamos para ir al baño, los delegados gremiales aprovechaban para insultar y proferir amenazas de alto voltaje. Esta situación duró once horas sin que nadie del gobierno interviniera para imponer orden social. Podían habernos matado a todos ante la mirada indiferente del gobernador y de sus colaboradores. Sólo el intendente de Puerto Madryn se preocupó porque estuviéramos bien dentro de la mala situación que estábamos viviendo."
Ordiales comenta que desde el gobierno provincial esgrimieron que se trataba de un problema laboral y que para resolverlo estaba la autoridad correspondiente. "Yo siempre afirmé que esto ya había superado el ámbito laboral y que era un problema de orden público."
Los manifestantes habían rodeado la manzana, ya que la municipalidad tiene salidas a tres calles. A las 5.45, con ayuda de la Policía y el Grupo Geop, los empresarios pudieron salir -no sin ser agredidos- y subirse a una camioneta ubicada a un metro y medio de una de las puertas de entrada.
"Los policías mantenían lo más lejos posible al grupo de manifestantes, que en ese momento eran menos de cien pero que seguían dando gritos y lanzando objetos. Hicieron un cordón de protección con sus escudos para permitirnos llegar a la camioneta, pero esta protección no fue lo bastante efectiva como para que no se colaran algunos golpes", sostiene Ordiales.
 El futuro del conflicto
Para el empresariado patagónico, los daños han sido inmensos. "Durante las once horas que estuvimos recluidos tuvimos tiempo para hablar. Y los empresarios dejaron bien en claro que no se invertirá un centavo más en el país y en el empleo. Nos limitaremos a cumplir las leyes de la provincia, pero se acabó la buena convivencia que teníamos", sentencia Ordiales.
Pudo comprobarse, por otra parte, que todas las empresas pesqueras de CAPIP están 100% alineadas tras su presidente, Mario Ordiales, según expresó Alex Ocampo, de la empresa Alpesca.
Hoy el clima está muy enrarecido en Puerto Madryn. "Resulta difícil tener una negociación serena para llegar a un arreglo lógico para todos. Así que yo propuse sacar el expediente de Chubut y traerlo al Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. Allí tendremos un ámbito de mayor seguridad".
Todo es confusión para los empresarios pesqueros chubutenses. Pero Ordiales está seguro de algo: "Este es el peor momento que he vivido en la pesca en los 23 años que llevo en la Argentina".
Por nuestra parte entendemos que, dada la escalada de conflictos que viene sucediendo, uno de los que tendría que comenzar a preocuparse es el mismo gobierno de la provincia de Chubut, ya que si les sale bien a los dirigentes sindicales esta alzada, no dudamos de que otros gremios también irán por más y, obviamente, no estará exenta la misma administración provincial.