Subsidios a la electricidad: hacia una progresiva búsqueda de costos reales

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Las modificaciones normativas que se introdujeron en el Mercado Eléctrico Mayorista argentino a partir de 2002 tuvieron por objetivo contener las tarifas a usuarios finales, meta que se logra a expensas de la modificación de los mecanismos de inversión para la expansión en el sistema y a crecientes subsidios para solventar los costos operativos de la generación.
Una segunda etapa debiera contemplar esquemas tarifarios que gradualmente restablezcan el equilibrio del sector. Si los precios a usuarios finales surgieran de los costos de inversión de nuevas centrales y de los precios de importación del fuel, diésel y gas natural, con el correspondiente agregado de los costos de transmisión y distribución, el costo actual de una factura residencial podría resultar aumentado en un orden de tres veces.

En América latina, la modernización del sector eléctrico y la mayor participación de capitales privados se insertan en una realidad social y política que obliga a formular políticas sociales fuertes para aumentar el acceso a los bienes y servicios. En esta realidad, la electricidad es usualmente percibida por la población como un bien público que debe ser subsidiado y, por ello, los impactos sociales de los programas tienden a prevalecer sobre los parámetros de eficiencia económica. Un reciente estudio de investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arroja interesantes datos sobre la relación entre los subsidios y los precios de electricidad a usuarios finales en varios países de América latina. De este trabajo se extraen algunos conceptos que nos permiten relacionar el contexto regional con la problemática de niveles de precios en nuestro país, que en el caso de los usuarios finales residenciales se encuentran estables desde hace más de diez años.
Caso de Brasil: en la estrategia para la reducción de la pobreza en Brasil, la expansión de la cobertura del servicio eléctrico a 12 millones de habitantes (2,5 millones de hogares) que actualmente permanecen excluidos, es una de las prioridades. Los esquemas de subsidios en el sector energético contemplan tanto las necesidades de la demanda como de la oferta. Desde el lado de la demanda, existen reducciones para algunas clases de consumidores, mientras que por el lado de la oferta, existen subsidios para la reducción de los costos de generación de energía en el norte del país. Por último, el desarrollo energético y la búsqueda de nuevas formas de energía están financiados por fondos sectoriales específicos.
Caso de Perú: desde 2001, la Ley 27.510 establece un programa de subsidios al consumo de electricidad bajo la forma de tarifa social. Este plan tiene como objetivo beneficiar a los consumidores de bajos ingresos, reduciendo el peso del servicio para todos los hogares que registren un consumo mensual inferior a 100 kWh y ayuda a aproximadamente 60% de los consumidores residenciales, que ven sus facturas reducidas en un porcentaje variable entre 17% y 50%. El costo del subsidio queda a cargo de los consumidores restantes, es decir, de todos los consumidores con consumos mayores a los 100kwh/mes y a todas las restantes categorías de clientes. El costo del subsidio representa un recargo de 2,5%-3% sobre la facturación de estos clientes.
En la Argentina
La normativa agregada a partir de 2002 dentro del marco de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario buscó contener las tarifas a usuarios finales y hacer frente a los desequilibrios que se generaron, especialmente por la modificación del tipo de cambio. A partir de 2004 la regulación buscó promocionar el aumento de la capacidad instalada y la reducción del consumo con planes de contención de la demanda como los PURE y PUREE y de uso racional y eficiente de la energía como el Pronuree.
Las nuevas líneas regulatorias fueron dirigidas a desactivar los mecanismos de precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a fin de evitar el alza de tarifas a los usuarios finales, crear el Fondo de Inversiones del Mercado Eléctrico y reactivar obras de transmisión para aumentar la capacidad instalada. Una modificación de importancia es la creación en 2006 del Servicio de Energía Plus, nuevo ámbito donde los grandes usuarios mayores de 300 kW deben procurar satisfacer su demanda mediante la autogeneración o la contratación con nueva generación a precios no regulados. Este marco regulatorio establece una clara segmentación del mercado, ya que alcanza a todos los grandes usuarios, aun la mayoría que permanece como cliente de las distribuidoras.
El sistema actual de formación de precios es el resultado de la intervención gubernamental en lo dispuesto en la Ley 24.065 mediante la introducción de desbalances en el funcionamiento del mercado, con un objetivo específico de contener los precios a los usuarios finales. Estos mecanismos reemplazan actualmente a las reglas de mercado sobre las que operó el MEM hasta fines de 2001.
Para lograr la contención de las tarifas a usuarios finales dentro de las condiciones de evolución del marco regulatorio, el gobierno, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, postergó la fecha de aplicación de las tarifas resultantes de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) establecida mediante actas acuerdo de renegociación firmadas entre las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Mediante el aporte de fondos públicos al Fondo Unificado y al Fondo de Estabilización en la Ley de Presupuesto para 2008 se manifiesta la orientación del gobierno de mantener el funcionamiento del MEM en las actuales condiciones en cuanto al régimen tarifario de usuarios residenciales y pequeños consumos comerciales e industriales. Sin embargo, las actualizaciones tarifarias se encontrarían próximas a aplicarse durante el segundo semestre de 2008 a efectos de reducir subsidios y comenzar a alinear los precios internos con los costos reales.
(*) Consultor asociado de SIGLA SA, ex directivo de Cammesa y AES.

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