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Senado activó debate sobre Seguridad en Transporte

FUNCIONARIOS DE SEGUNDAS Y TERCERAS LÍNEAS PUJAN PESE AL DESINTERÉS DE GUILLERMO DIETRICH - La ley que crea una junta multimodal descentralizada con el fin de prevenir siniestros.

El inicio del año legislativo en el Congreso se tensa con el correr de las semanas por la cercanía con las elecciones provinciales y la presidencial. Sin embargo, y pese a la casi nula ayuda que llega desde algunos ministerios, funcionarios de segundas y terceras líneas empujan una agenda “b” de cuestiones que pasa desapercibida pero que, en muchos casos, es más importante que algunos debates actuales.

Tras la tragedia ferroviaria de Once, y ante el descalabro que ofreció el cristinismo sobre el área de transporte, el exministro Florencio Randazzo dio el puntapié inicial para separar al Estado de sus funciones simultáneas de “juez y parte” en la investigación de siniestros. El tema no avanzó y durante la gestión macrista, funcionarios de distintas áreas reflotaron la cuestión y lograron que Diputados aprobara, el año pasado, un proyecto para crear una junta multimodal técnica que incluirá a los medios aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo, ley que adelantó Ámbito Financiero en agosto de 2018.

El cuarto artículo establece la creación de la “Junta de Seguridad en el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte”, con “autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”. En tanto, el siguiente artículo especifica que la misión será “la determinación de las causas de los accidentes e incidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo”; y “la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes de transporte en el futuro”.

Durante el último período estival, los funcionarios iniciaron contactos en el Senado para lograr la sanción de la ley. En Diputados fue aprobada en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado por 200 legisladores de distintos bloques y sólo se abstuvieron dos del Frente Cívico de Santiago del Estero: Mirta Pastoriza y Hugo Infante, quien murió antes que finalizara 2018.

La semana pasada, la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que comanda el peronista correntino Carlos Espínola (Corrientes), activó una reunión de asesores para debatir el proyecto junto a funcionarios. De hecho, fue él quien pidió por algún delegado oficial del ministerio que comanda Guillermo Dietrich, quien se borró de la gestión de la iniciativa y dejó a los “abanderados” de la ley sin margen para negociar más que la explicación del texto.

Durante el convite, hubo consultas sobre el presupuesto que tendrá la junta y la separación de áreas que se encuentran hoy en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial a favor del nuevo organismo. En las próximas semanas, los asesores de la Comisión de Presupuesto deberán analizar el texto aunque esa cuestión dependerá del presidente de ésta, Esteban Bullrich (PRO), a quien se lo vio días atrás muy dubitativo durante la discusión de la trabada ley de financiamiento político.

La junta contaría con la siguiente burocracia -a designación libre del Ejecutivo-: un presidente con jerarquía de secretario y cuatro miembros similares a director nacional. Los últimos serán responsables, cada uno, de los transportes aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, y fluvial y lacustre. Todos tendrán como prohibición ser “directa o indirectamente propietarios, accionistas, directores, funcionarios ni socios de empresas de transporte o dedicadas al aseguramiento de riesgos asociados a la actividad del transporte”; y tener un interés o vínculos que signifiquen beneficios u obligaciones con entidades, organismos y empresas relacionadas con las áreas que trata el proyecto, entre otras cuestiones.

Por otra parte, la junta tendrá sede principal en Capital Federal y representación en cinco regiones: Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

En cuanto a los alcances de la investigación, el texto deja claro que “los resultados” de la junta “no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra investigación de índole administrativa o judicial que corresponda realizar”. Además, los informes “no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente” y “no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno”. Los hallazgos, actividades y recomendaciones deberán ser reportados al Ejecutivo y al Congreso en marzo de cada año.

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