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Senado agrega Código Penal a bandeja de discusión electoral

Aumentan legisladores que quieren aprobarlo este año, al menos, en la Cámara alta. Empuje también de redactores del proyecto.

Con una exposición del oscilante ministro de Justicia, Germán Garavano, el Senado dará mañana el puntapié inicial del debate sobre el nuevo Código Penal, que quedará cruzado con la campaña electoral por la diversidad de leyes y, sobre todo, por las polémicas que se dispararán durante su tratamiento.

La iniciativa que craneó la comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky esperó meses largos para aterrizar en el Congreso. De hecho, frenó el plumeo final por las constantes dudas que salían desde el Ejecutivo en cuanto a su presentación.

Garavano, que disertará mañana en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta -que comanda el legislador peronista Pedro Guastavino-, dijo días atrás que “no hay urgencia” para que se apruebe el texto en cuestión, ya que espera un “tratamiento serio y profundo”.

Las palabras del funcionario macrista no cayeron bien varios despachos del Senado, donde se espera aprobar el proyecto antes que finalicen las sesiones ordinarias, es decir, previo al 30 de noviembre próximo.

El problema que tienen las iniciativas de este tipo, que en realidad engloban tipificaciones de delitos de todo tipo, es el trajín de la agenda pública y mediática diaria, que atenta contra la aprobación a libro cerrado del proyecto enviado.

Un ejemplo claro se dio la semana pasada: la masiva marcha relacionada con la interrupción del embarazo reflotó la disputa que existe entre quienes empujan esa ley y el proyecto que envió la comisión redactora, con penas vigentes que podrán quitar el juez según cada caso. Incluso generó ruidos en el cristinismo por las volteretas del precandidato presidencial, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández.

A las pocas horas, el siniestro caso del médico detenido y acusado de producción y distribución de pornografía infantil retumbó en el Congreso. Mientras se espera la exposición de Garavano, hay senadores que reflotaron proyectos que perdieron estado parlamentario e incluso presentaron nuevas iniciativas en las últimas horas.

Por caso, la neuquina Lucila Crexell volvió a empujar en marzo pasado un texto que le enviaron a siesta desde 2017 y que establece la creación de una comisión bicameral sobre cibercriminalidad para el estudio y elaboración de “propuestas legislativas vinculadas con los delitos informáticos cometidos a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las cuestiones procesales que se requieran para el esclarecimiento de esta modalidad delictiva”.

Crexell lanzó otro proyecto para instalar un Instituto de Ciberseguridad Argentino (InCibAr) como “un ente descentralizado con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete” para “lograr un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información dentro del territorio nacional”. Para la legisladora neuquina, se debe garantizar “un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información, teniendo en cuenta los graves incidentes que se pueden ocasionar a partir de los ataques y amenazas a los que se encuentra expuesta la infraestructura digital”.

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