20 de diciembre 2018 - 00:04

Senado evita condena anticipada a Marino

EL RADICAL NEGÓ EN EL RECINTO LA DEMANDA POR ABUSO QUE LE HIZO UNA EMPLEADA - El legislador pampeano puso a disposición la votación de su desafuero, que no se activó y que no cambia en nada su situación actual. La Banca de la Mujer pidió "celeridad" a la Justicia "para investigar y condenar". Sanción clave de la "ley Micaela" para capacitación de género en el Estado.

Fueros. El Senado evitó una condena al pampeano Juan Carlos Marino quien ayer, en el recinto, puso a disposición de todos su desafuero para el caso que la Justicia disponga una prisión preventiva. 
Fueros. El Senado evitó una condena al pampeano Juan Carlos Marino quien ayer, en el recinto, puso a disposición de todos su desafuero para el caso que la Justicia disponga una prisión preventiva. 

El Senado se hizo cargo de absorber las críticas ante las insólitas aventuras judiciales de Cristina de Kirchner y de Carlos Menem y lesionó, desde hace tiempo, su institucionalidad. Ayer, y ante una grave denuncia por abuso sexual de una empleada contra el radical Juan Carlos Marino (UCR), evitó condenar de manera anticipada al legislador, quien negó la acusación en pleno recinto.

“Inicialmente, de manera enfática niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa de mención y de la cual, es bueno decirlo, no he sido formalmente notificado sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación”, aseguró Marino una vez iniciada la sesión, según la nota que leyó y que envió horas antes a la presidente de la Cámara alta, Gabriela Michetti.

El senador radical también destacó: “He realizado las acciones necesarias a fin de ponerme inmediatamente a derecho, sometiéndome a la justicia para lo cual de manera espontánea, con fecha 17 de diciembre de 2018 me he presentado en el expediente arriba indicado sin haber podido tener aun acceso al mismo por no permitirlo la situación procesal”.

Por último, el legislador pampeano puso a disposición la votación de su desafuero -el pleno no avanzó en ese sentido-, que en realidad no cambia en nada su situación actual, excepto ante un eventual pedido de prisión preventiva. Desde la presidencia de la Banca de la Mujer de la Cámara alta, la senadora del peronismo pampeano Norma Durango pidió “celeridad para investigar y condenar si los denunciados son culpables”.

A medida que la causa avance, en el abanico de opciones aparece la discusión de la suspensión o expulsión de Marino a través de la comisión de Asuntos Constitucionales, que luego deberá contar con dos tercios de los votos en el recinto. El primer sendero le quitaría un voto al oficialismo -no cuenta con mayoría en ninguna cámara del Congreso-, mientras que la segunda opción permitiría la partida del acusado y la llegada al suplente del legislador pampeano para evitar la pérdida del voto en cuestión.

En caso de ser expulsado y luego ser sobreseído, Marino ya no podría recuperar su banca en el Senado. Pero si es suspendido tras la quita de fueros y no hallado culpable más tarde, regresaría al Congreso como ocurrió con Eduardo Angeloz, que de 1996 a 1998 quedó fuera del Parlamento en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.

Una vez finalizadas las exposiciones sobre la situación de Marino, y tras la votación de un proyecto para eliminar artículos de una ley que el cristinismo empujó años atrás sobre Papel Prensa (ver aparte), el Senado sancionó una iniciativa que impone la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

La denominada “ley Micaela” fue presentada tras el asesinato de Micaela García e incorporada días atrás por el Ejecutivo al temario de sesiones extraordinarias. Quienes “se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate”, plantea el proyecto en cuestión. En tanto, “el incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”, quien será la autoridad de aplicación.

Cada año, el instituto publicará “un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto” en la ley, “incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado”. Además de las cifras cuantitativas, elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo. Por otra parte, la ley impone que en la web del instituto deberá “aparecer una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio”.

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