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Senado: financiamiento político a recinto; siesta en blanqueo laboral

La ley necesita mayoría especial en el recinto. Aún persisten dudas. Falta de acuerdo para formalizar a los trabajadores en negro demorará debate.

El Senado intentará hoy, después de una larga puja, aprobar y girar a Diputados la delicada ley de financiamiento político para que empresas puedan aportar en campañas. El proyecto, que necesita mayoría especial debido a las competencias que modifica, tiene un esqueleto compartido por oficialismo y peronismo pero un punto central de discordia: el permiso a contribuciones desde los sindicatos que pretende el justicialismo, algo que podría poner en riesgo la discusión en el recinto e incluso implosionar en la cámara baja ante una eventual negativa de Elisa Carrió.

Aunque un manto de dudas persistía al cierre de esta edición en cuanto a la viabilidad de la votación del proyecto, lo cierto es que anoche, desde Cambiemos y el PJ -se reunió durante la tarde de ayer para cerrar filas- ratificaron a Ámbito Financiero las “buenas intenciones” para realizar el convite y evitar un traspié con olor a nocaut a la ley de financiamiento político, que además establece la bancarización de aportes. El miembro informante en el recinto será el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el justicialista Dalmacio Mera (Catamarca).

La sesión especial convocada para las 13 tiene, por otra parte, un paquete de jugosos pliegos judiciales que los senadores quieren aprobar. Entre las designaciones se encuentra a la sucesora del olvidable Norberto Oyarbide en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Capital Federal, María Eugenia Capuchetti.

Otro pliego en espera es el que nombra como juez a Juan Tomás Rodríguez Ponte en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. El candidato es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), la que realiza las escuchas telefónicas que ordena la Justicia. En tanto, Ignacio Mahiques irá al Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes.

Si la sesión consigue el quórum necesario y los pliegos judiciales avanzan, junto al financiamiento político se analizarán proyectos relacionados con modificaciones a la ley de protección integral para evitar la violencia contra las mujeres; la prórroga de la emergencia económica de la cadena de producción de peras y manzanas de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa; y una condonación de obligaciones a cooperativas de trabajo que empuja el senador del PRO Esteban Bullrich, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta.

Siesta

Tras el papelón que regalaron el Gobierno y la CGT la semana pasada por el blanqueo laboral, y ante el cuarto intermedio que debía finalizar hoy, la ley continuará frenada e ingresará en una siesta legislativa hasta la semana próxima, como mínimo.

El problema que tiene este demorado proyecto, cuya discusión ya lleva más de dos años y medio, ocurre cuando una o ambas partes -en referencia al Gobierno y la CGT- no cumplen con los acuerdos sellados, situación que convierte en rehenes a los legisladores del oficialismo y también a los de la oposición, a quienes les llega tarde el efecto “reacción” de esos actores cuando fracasan los supuestos consensos obtenidos.

“Era muy importante para nosotros escuchar al ministro de Producción y Trabajo -Dante Sica- y hacer un análisis. Era muy importante la convocatoria de la CGT, ya que queremos un mensaje uniforme. Si la iniciativa tiene como finalidad que los trabajadores dejen de estar en negro, necesitamos que los principales gremios opinen sobre este tema. Es central y fundamental. Acá se requiere de una expresión de voluntad ya que cualquier cosa se confunde en la Argentina. Dicen que van a modificar condiciones de trabajo pero acá se trata del trabajo en blanco”, disparó la semana pasada el jefe del PJ, Miguel Pichetto.

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