Política

Senado: PJ ahora preocupado por ley de ética pública

El jefe del interbloque Argentina Federal, Carlos Caserio, aprovechó para criticar a Mauricio Macri por bonos comprados el año pasado.

Tras un prolongado descanso y parches insuficientes, la ley de ética pública reapareció en los radares del peronismo ahora kirchnerista. Desde el Senado, y ante un Gobierno que demoró más de tres años en enviar su propuesta de reforma -hoy trabada-, el jefe del interbloque Argentina Federal, el albertista con témpera K Carlos Caserio (Córdoba), acompañó un proyecto de la sanjuanina Cristina López Valverde (San Juan) para incorporar artículos al texto actual y apuntar a funcionarios que adquieran o mantengan “títulos, acciones y demás valores públicos cotizables o no, en forma personal o como partícipes de personas jurídicas”.

En los argumentos, los legisladores dedicaron gran parte del escrito para direccionar la mira hacia Mauricio Macri. “Cabe recordar que el propio presidente -según datos presentados ante la Oficina Anticorrupción- declaró que en octubre del año 2018 compró bonos de deuda argentina por más de $94 millones de pesos. Se trata de los bonos “REP ARG” por $54.301.740 y “PAR ARG”, por $39.916.800. Estos últimos son considerados los instrumentos financieros más seguros para hacer frente a una hipotética reestructuración de la deuda soberana”, aseguraron los senadores.

López Valverde y Caserio además dejaron claro que esas “inversiones de Mauricio Macri no se realizaron en el marco del fideicomiso ciego que constituyó -meses después de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional- para que administre su patrimonio hasta los seis meses posteriores a la finalización de su mandato”. Y agregaron: “Macri, al comprar bonos de deuda argentina, se convierte en acreedor del Estado que él mismo preside. Esta conducta es antiética, dado que por su función maneja información privilegiada sobre las variables económicas, a la vez que puede incidir sobre ellas para obtener un beneficio mayor”.

En otro tramo de los fundamentos, los senadores realizaron una curiosa interpretación sobre el mercado. En esa línea, señalaron: “El titular del Poder Ejecutivo Nacional, como Jefe del Gobierno y responsable político de la administración, consintió la emisión de deuda pública argentina. Esa ‘emisión’ consiste en distintos bonos que se comercializan en el sistema financiero con una determinada tasa de interés. Quienes los compran, adquieren un documento de deuda contra el Estado argentino, y al cabo de un plazo determinado, pueden reclamar su cobro, recuperando el monto del capital inicial más los intereses devengados”.

Luego, Caserio y López Valverde advirtieron que “los compradores de bonos especulan respecto a su cotización en el sistema financiero: cuando el Estado no está en condiciones de pagar, la cotización baja y los bonos pierden valor, cuando la situación mejora pasa lo contrario”. Para los legisladores, a estos fondos “se los llama ‘buitres’, porque esperan la muerte de su ‘presa’ para comprar barato y luego cobrar caro”, y dijeron que “fondos de ese tipo son los que litigaron contra el Estado argentino frente a los canjes de deuda de 2005 y 2010”.

Por último, el jefe del peronismo “albertista” y su compañera de bancada sostuvieron que “resulta inconcebible aplicar criterios de doble vara para el ciudadano común y el funcionario público, máxime cuando este último actúa en nombre del Estado y con su conducta indebida lo perjudica en beneficio propio”. Para ellos, “urge introducir preceptos a la legislación vigente que expliciten límites al comportamiento deshonesto de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos y decidir sobre los destinos del país”.

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