Política

Senado: trámite lento para el demorado Código Penal

El proyecto que tardó en enviar el Ejecutivo -y que no utilizó en campaña- fue presentado en junio por funcionarios nacionales y redactores de la iniciativa. Cambios de agenda, calendario electoral y efecto PASO dilatan futuro. Se reactiva bicameral de DNU. Reclamo a Carolina Stanley por medicamentos.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanza, con trámite lento, la discusión del proyecto del nuevo Código Penal y moderará hoy una primera ronda de expositores tras la demora del Ejecutivo en enviar la iniciativa y la presentación formal que realizaron, en junio pasado, funcionarios nacionales y redactores del texto en cuestión. Al apuro del oficialismo se le agregaron en las últimas semanas cambios de agenda, el calendario electoral y el efecto PASO, todo un combo que dilata cualquier tipo de consenso -en especial, con el peronismo y kirchneristas con muchas dudas sobre este tema- y pincela de incertidumbre al camino de este importante debate.

Dos semanas atrás, el oficialismo solicitó la disertación para la semana pasada de los redactores del anterior proyecto de reforma del Código Penal, confeccionado durante la era cristinista pero con participación opositora. Sin embargo, el cónclave fue pospuesto para hoy y los invitados fueron modificados. Desde las 15, la comisión que comanda el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos) escuchará al director del Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal (Crimint), Juan Pablo Montiel, y a Ismael Jalil, representante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, según consta en la web oficial del Senado.

También expondrán el abogado especialista en Derechos Humanos y funcionario del Ministerio Público Fiscal Maximiliano Medina; el Defensor Público Oficial Santiago Marino Aguirre, y la presente de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones -sección Argentina-, Graciela Dubrez.

La intención de Cambiemos, plasmada hace 15 días por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), incluye una agenda de tres reuniones cada dos semanas. En la primera se trataría el ámbito de aplicación, responsabilidad de personas jurídicas, significación de conceptos empleados en el Código, imputabilidad, tentativa, participación y concurso de delitos.

En tanto, el segundo encuentro abarcaría las consecuencias jurídicas del hecho, sistema de penas, condena condicional, detención domiciliaria y pautas para determinar penas, mientras que en la última reunión se analizaría el decomiso, reparación de perjuicios, ejercicio de la acción, extinción de la acción, y suspensión del proceso a prueba.

Desde el PJ, Rodolfo Urtubey advirtió que “para evitar que la comisión se convierta en especie de tribuna y de exposiciones retóricas y nada más, se tendría que trabajar en el orden del instituto general del ámbito penal; si no, vamos a hacer las reuniones sin ninguna conclusión”. En esa línea, agregó: “Vayamos viendo si generamos consenso sobre qué mantener y qué cambiar de estos institutos, para preguntar a expositores sobre criterios o dudas para cada instituto como imputabilidad, prescripción. Tenemos que ver si a lo largo de jornadas ver si podemos sacar dictamen de la parte general”.

Sobre la posibilidad que mencionó primero el oficialismo para dictaminar la parte general, Urtubey dejó claro que esa acción deberá “discutirse después”. Quien reforzó esa postura en incluso cerró más la puerta fue Mario Pais (Chubut), que resaltó: “Es importante avanzar, tener información, pero no podemos dictaminar sobre la parte general del proyecto”.

En junio último, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo en el Senado que la iniciativa no se trata de “una construcción en abstracto o dogmática, sino de una que nos va a permitir vivir en paz, respetar la ley y tener un futuro mejor”. Si bien ratificó la decisión del Gobierno de “enviar sin reformas el texto y respetar el trabajo de la comisión”, a los pocos minutos explicó: “Hay un pequeño aporte desde el Ejecutivo y de nuestro ministerio sobre propuesta para modificar un artículo, el 275, sobre falso testimonio. La idea es establecerlo como un delito contra la administración de la Justicia. Mentir a la autoridad dolosamente es algo que sólo nuestro país ha ido admitiendo en sistema, y genera un daño enorme. Hay que dejar atrás costumbre de que se puede mentir y que no tiene consecuencias”.

DNU

Tres horas más tarde de esa reunión se juntará la comisión bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia. El cuerpo que preside el diputado ultra K Marcos Cleri -desempata ante igualdad a la hora de dictaminar- analizará siete DNU y tres decretos simples.

En la bandeja de discusión aparecen el DNU que retocó el régimen de Lealtad Comercial para aumentar sanciones; un decreto simple que retocó la ley de financiamiento de los partidos políticos; la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y modificaciones presupuestarias.

Reclamo a Stanley

El diputado Gustavo Vallone (San Luis) pide que la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, informe el impacto de la devaluación post PASO en medicamentos e insumos, y medidas a tomar ante potenciales subas.

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