Servicio Cívico Voluntario en Valores: otra peligrosa medida electoralista

La anunciada creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores dirigido a personas de entre 16 y 20 años por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación es otra bomba de humo electoralista que, sin embargo, es importante desactivar por su peligrosidad.

La medida, presentada en Campo de Mayo hace unos días, es ineficaz, carece de fundamentos y de sentido, malgastando recursos públicos y pretendiendo instalar debates regresivos que buscan cercenar derechos y libertades conquistadas en los años de democracia.

¿Por qué este Servicio Cívico no se basa en ninguna evidencia científica ni en realidades comprobables y está condenado al fracaso?

Apunta a una población que no existe

Se dice que está dirigido a “jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan y que son conocidos como "ni-ni". Pues bien, ya está aceptado y demostrado –entre otras instituciones, por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, organismo de la ONU) desde 2015- que no hay tal cosa como jóvenes ni-ni. Lo que existen son jóvenes sin trabajo registrado y estable y que no están incluidos en el sistema educativo formal. Pero estos jóvenes no son ni-ni.

Según el estudio de la CEPAL, el 55% de esas y esos jóvenes están dedicados a tareas de cuidado de menores, enfermos o ancianos (el 52% son mujeres y el 3% varones). Así, tras la categoría ni-ni se están invisibilizando las labores domésticas y de cuidado. Según estas cifras, el problema se vincula más con las maneras sociales de resolver y fortalecer el cuidado que con los supuestos ni-ni.

Las políticas públicas deberían, entonces, considerar el trabajo socialmente no reconocido y no remunerado que realizan fundamentalmente las mujeres dedicadas al cuidado. Cifras del mismo estudio expresan que el 20% de los llamados ni-ni fueron despedidos de sus trabajos, sobre todo los jóvenes varones. Entonces el problema es el desempleo juvenil, no los supuestos ni-ni. Seguimos con las cifras de CEPAL: un 5% de los denominados ni–ni busca trabajo por primera vez. Es decir, que la cuestión aquí es el primer empleo juvenil. Y otro 5% de los jóvenes tiene discapacidad permanente para ciertos trabajos o no posee los medios para trasladarse a estudiar fuera de su casa. Se evidencia la falta de políticas públicas hacia los jóvenes con otras capacidades y las escasas posibilidades de acceso al trabajo o al estudio de quienes provienen, además, de familias pobres o barrios periféricos.

Una política pública de apoyo y fortalecimiento hacia estos jóvenes debería reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al cuidado, tomar medidas concretas para contrarrestar el desempleo juvenil, promover el primer empleo con trabajos dignos y seguros y encarar políticas hacia las y los jóvenes con otras capacidades.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en  conferencia de prensa los alcances del Servicio Cívico Voluntario en  Valores.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en conferencia de prensa los alcances del Servicio Cívico Voluntario en Valores.

Pretende que una institución asuma tareas para las que no tiene capacidad ni son parte de su misión

Según su propia descripción, la Gendarmería Nacional es “una Fuerza de Seguridad, de naturaleza militar, que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior”. También es “una organización con estado militar con capacidades para disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional”.

¿A quién se le puede ocurrir que una fuerza de seguridad con capacidad militar puede ser un ámbito propicio para que se formen las juventudes? La Gendarmería no puede asumir esto simplemente porque no está dentro de sus misiones y funciones. Así de sencillo. Y así de peligroso es pretender lo contrario.

Si queremos brindar contención institucional a jóvenes en situación de precariedad, vulnerabilidad o pobreza o que tienen afectados sus derechos por la profunda crisis económica que vivimos hay otras opciones más efectivas y adecuadas.

Se podrían fortalecer las escuelas públicas. Se podrían ampliar los clubes de barrio. Se podrían consolidar los centros artísticos y culturales. Se podrían construir más centros deportivos. Se podrían crear talleres productivos y apoyar emprendimientos cooperativos.

Pero eligen encerrar a las y los jóvenes en cuarteles.

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La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Viola la Ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes

El anuncio incumple con varios artículos de la Ley Nº 26.061, aprobada en 2005, ya que la Gendarmería no forma parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se establece en el artículo 32.

Es claro que el gobierno está obligado a respetar la legislación vigente y, en este caso, a garantizar que el cumplimiento de los derechos de las juventudes esté a cargo de organismos especializados y en las órbitas de salud, educación, cultura, trabajo, desarrollo social o justicia; no en el Ministerio de Seguridad.

Medidas como las Escuelas abiertas se han mostrado muy efectivas a la hora de brindar espacios de fortalecimiento y despliegue de capacidades de las juventudes. Esto consiste en la apertura de las escuelas a contra turno, los fines de semana, días feriados y en vacaciones para el desarrollo de diversas actividades lúdicas, artísticas, recreativas, deportivas, culturales y productivas, con jóvenes estudiantes y no estudiantes y ha dado excelentes resultados en países como México, Uruguay, Costa Rica o Brasil.

Pero para eso es necesario aumentar la inversión en educación pública. Al contrario, según datos del propio Ministerio de Economía de la Nación, entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 la inversión en educación cayó el 53,3%. Desfinanciar la educación pública y luego decir que no tiene capacidad de formación de las juventudes parece ser una riesgosa trampa que poco tiene que ver con políticas de desarrollo.

Decir que una educación pública desfinanciada y agredida tiene menos reconocimiento social que una fuerza de seguridad es algo de difícil comprobación. Si fuese cierto, debería ser motivo de preocupación más que de celebración gubernamental.

En Alemania, las y los docentes tienen los salarios públicos más altos. Al responder una pregunta al respecto en 2017, Ángela Merkel dijo que no podía ser de otra manera ya que son las personas que “forman y educan” a las demás. Parece que ni la CEPAL-ONU ni la canciller alemana son fuentes de consulta del gobierno de Macri.

Además, esta medida estigmatiza a ciertas juventudes. Pareciera que hay algunas maneras de ser joven que son criminalizadas, desacreditadas, condenadas a la no existencia o al encierro. Enfocar los problemas sociales en juventudes específicas no sólo no se basa en evidencias empíricas, sino que habilita persecuciones y discriminaciones que no hacen otra cosa que empeorar la situación que se pretende solucionar.

Concluyo este texto con las palabras de la Red de Investigadorxs en Juventudes de la Argentina, señalando que ante los graves problemas sociales que atraviesan las niñas, los niños y las juventudes de nuestro país, encerrarlos en un cuartel no parece ser una solución efectiva. Ya sabemos que el camino del autoritarismo, la estigmatización y la regresión en derechos y libertades conquistadas no traerá nada bueno para las juventudes argentinas.

*Pablo Vommaro es historiador, investigador del CONICET y docente de la UBA. Co-coordina el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) e integra el Grupo de Trabajo sobre Juventudes e infancias de CLACSO.

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