Patricia Walsh ignora nuestra Constitución

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Señor Director:

La diputada Patricia Walsh, refiriéndose a la «potestad» del Congreso Nacional de anular leyes sancionadas por el mismo Congreso, manifestó que, «si uno lee la Constitución nacional, va a descubrir que no hay un solo artículo que diga que no se puede, y lo que no está expresamente señalado que no se puede se puede si hay voluntad política para llevarlo adelante».

Llama la atención el nivel de desconocimiento de nuestro sistema jurídico por una diputada nacional, cuya obligación prima-ria debería ser, precisamente, conocerlo. En ese pecado pueden incurrir quienes no están vinculados al derecho, pero ella tiene la obligación de no cometerlo. La diputada no sabe que nuestra Constitución está dividida en dos grandes partes: la Dogmática, donde se encuentran reconocidos nuestros derechos individuales y sus garantías, y la Orgánica, referida a la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y a las competencias de cada uno. Esta segunda parte tiene su razón de ser en la necesidad de preservar los derechos reconocidos en la primera, evitando el despotismo de los gobernantes. De allí todos los mecanismos de pesos y contrapesos, división de funciones y controles recíprocos entre los distintos poderes.

En la Parte Dogmática, la aptitud de adquirir derechos o contraer obligaciones se llama «capacidad», siendo ésta la regla y la incapacidad la excepción: no hay otras incapacidades que las establecidas por la ley. Así lo dice el art. 19 de la Constitución nacional: «Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe». Pero en la Parte Orgánica, que adjudica competencia a cada órgano de gobierno, se da la relación inversa: aquí la incapacidad -o incompetencia- es la regla; y la competencia, la excepción. De allí que la competencia debe surgir de una norma «expresa».

Así como el Poder Ejecutivo no puede dictar sentencias ni el Judicial sancionar leyes -no están facultados para ello por la Constitución-, el Poder Legislativo no puede tampoco dictar sentencias ni anular leyes, pues son facultades reservadas al Poder Judicial. Se trata de una aplicación elemental del principio de seguridad jurídica que sobrevuela todo el texto constitucional. De allí que la diputada Walsh ha expresado una verdadera barbaridad y demostrado un insólito desconocimiento de nuestra Constitución Nacional, que justificaría, en un país serio, su destitución por falta de idoneidad.

Denis Pitté Fletcher
Capital Federal

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