Política

Sin ansiedad, Casación estira a febrero definición por 'cuadernos'

CÁMARA FEDERAL ELEVÓ APELACIONES DE EMPRESARIOS Y EXFUNCIONARIOS: RESUELVE MÁXIMO TRIBUNAL PENAL - Sin apresurarse, jueces cumplirán con audiencia y notificaciones. Pocas chances de resolver durante la feria, pese a preventivas. Primera vez que Sala I se abocará a revisar todo el expediente en profundidad.

Pese a la ansiedad en torno a las definiciones en la causa de los “cuadernos”, la Cámara Federal de Casación Penal no tiene prevista ninguna resolución hasta el regreso de la feria judicial, en febrero. Con el expediente ya en su poder y los recursos de apelación de las partes, resta la ineludible instancia de la audiencia para las “breves notas” -como se denomina en la jerga- para que el tribunal esté en condiciones de confirmar o no las “correcciones” que impuso la Cámara Federal al expediente instruido por Claudio Bonadio, incluyendo las prisiones preventivas. Hasta ahora, el máximo Tribunal penal había intervenido para denegar excarcelaciones a exfuncionarios y empresarios, pero ahora deberá abocarse a resolver varios planteos de fondo. El Gobierno mira de reojo lo que ocurre en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py para otear el destino de un expediente que agiliza la recta rumbo a una eventual elevación a juicio (fragmentado).

La única duda que sobrevuela a los jueces de la Sala I que permanecen durante la feria es la situación de quienes están bajo prisión preventiva, único motivo por el que es factible habilitar el receso para analizar los planteos. Ana María Figueroa y Daniel Petrone permanecen en sus puestos durante enero. El tercer integrante, Diego Barroetaveña, se reincorporará a partir de febrero. Las chances de que -notificaciones mediante- se llame a la audiencia de rigor con todos los implicados durante enero se diluye por el tiempo necesario para convocarla. Además, salvo las excarcelaciones, los pedidos de revisión de las nuevas calificaciones, los roles otorgados por la Cámara y un sinnúmero de objeciones a la instrucción por parte de imputados obligarán a que los camaristas revisen el expediente en su extensión.

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Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Simplemente, Casación quedó habilitada para resolver los recursos de las defensas porque la Cámara Federal aceptó los planteos que presentaron las defensas de Cristina de Kirchner, Julio De Vido, y de quien fue su mano derecha, Roberto Baratta. Se trata de quienes están con prisión preventiva dictada en el expediente. Lo mismo que el secretario de Baratta, Nelson Lazarte, el exfuncionario del área de legales del ministerio de Planificación, Rafael Llorens; de José María Olazagasti, quien fue secretario de De Vido. También el recurso interpuesto por el extitular del Ente Binacional Yaciretá, Oscar Thomas y del único empresario que permanece detenido, Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

Con bisturí, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aceptaron las apelaciones de quienes venían con falta de mérito y proceso por cohecho o dádivas: Jorge Neira y Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Javier Sánchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (del grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona). En cambio, denegó la protesta de quienes -en definitiva- fueron beneficiados por haber salido de la asociación ilícita que les había impuesto Bonadio. Entre ellos, deberán ir en queja Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Luis Betnaza, entre otros.

Casación deberá lidiar con los “desajustes” que la causa presenta en múltiples aristas, algo que tampoco resolvió la Cámara Federal, sino que en algunos puntos, complejizó. Y con los agregados de Baratta que se había ofrecido como “colaborador”, pero sin acogerse a la ley del arrepentido ni solicitar beneficios en su situación procesal. En su escrito ingresado a Casación mencionó entre los empresarios que restaría investigar a Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente Mauricio Macri por su constructora familiar y SES SA. También deslizó los nombres de Eleprint (Gustavo Weiss), Riva, Farallón (con su titular enjuiciado como presunto testaferro de José López), Dycasa, Rovella Carranza, Vialmani, Marcalba, Fontana Niscastro, Vial Agro y Panedile. Y especialmente a Roggio. Todos ellos por la mención del financista Ernesto Clarens y de Carlos Wagner. Persiste una inconsistencia de base: a la mayoría de las empresas no se les extendió la imputación a 2003-2004 por lo que muchos hechos (entre ellos los denunciados por el arrepentido Claudio Uberti) quedan fuera del objeto investigado. Eso explica que no haya mención sobre los supuestos giros de dinero de Techint a Uberti, vía Betnaza. Ni la mención de su subalterno, Zabaleta, de que el dinero era por “obra pública” y no para cubrir una situación humanitaria con Sidor, en Venezuela. De hecho, la Cámara le adjudicó al holding de Paolo Rocca un solo hecho de soborno, mientras que a Pescarmona, que adujo una situación similar por atraso de pagos, le achacó 13. Al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (que inauguró una fase de la investigación por el mecanismo recaudatorio de los corredores viales por el que fueron llamados a indagatoria los Macri) lo culparon por un solo episodio, pese a haberse auto-inculpado como organizador del sistema. Algo similar ocurrió con Clarens, pese a que él mismo reconoció que las visitas a sus oficinas para depositar porcentaje con destino a sobornos se extendieron al menos por una década. Hasta ahora, y pese a las contradicciones, nadie ha perdido el status que prevé la ley del arrepentido en caso de información inexacta, incompleta o falaz. El contador sigue sumando vueltas para que dentro de ocho meses se cumpla el año previsto para verificar los hechos. Mucho antes, se especula en los pasillos, la causa debería ser elevada a juicio oral.

Casación no va a cuestionar la ausencia de soporte fílmico de los arrepentimientos ni tampoco anulará los llamados a indagatoria iniciales, algo que haría temblar los pilares que sostienen el expediente.

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