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Sin juez que lo investigue, se activa Consejo contra Rodríguez por denuncias

Bonadio y Casanello rechazaron llevar causa en su contra: define Irurzun. Colegio de Abogados sumó demanda y pide indagar patrimonio. Silencio oficial por Stornelli.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura convocó para hoy a una reunión extraordinaria para tratar las denuncias contra el juez federal Luis Rodríguez, tanto las ingresadas en 2018 como las de los últimos días, a raíz del testimonio de la arrepentida Carolina Pochetti. Allí, la comisión que preside el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto aspira a evaluar las medidas de prueba que se pedirán para determinar si se le inicia al magistrado un proceso disciplinario, tras haber sido señalado por la viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, por haber recibido dinero de su parte para beneficiarla en una causa. La velocidad que adquirió el caso de Rodríguez contrasta con la neutralidad que atraviesa -en términos administrativos- la denuncia por extorsión contra el fiscal del caso “cuadernos”, Carlos Stornelli. El Gobierno, a través de Patricia Bullrich, anunció que querellará al supuesto intermediario, Marcelo D’Alessio, al que la funcionaria descalificó en sus facultades mentales.

Es un misterio todavía quién investigará dentro de Comodoro Py la denuncia penal surgida de la confesión de Pochetti, apuntalada por los dichos de otros implicados como Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. Claudio Bonadio salió sorteado, pero se apartó, lo mismo que Sebastián Casanello, que resultó la segunda opción pero también optó por correrse, alegando que le correspondía a Bonadio continuar y que había sido validado por un sorteo. Si hay encerrona, definirá el propio Martín Irurzun como presidente de la Cámara. Bonadio recibió ayer una buena noticia. Casanello, a instancias de la fiscalía, lo sobreseyó en la denuncia penal del abogado de Cristina de Kirchner por desalojarlo de la vivienda de la expresidente en momentos en que estaba ordenando un allanamiento.

La reunión en el órgano de selección y remoción de jueces tendrá lugar hoy a las 10.30 en el Salón Lino Palacio del segundo piso del edificio de Libertad 731, presidida por Pichetto. Anticiparon que “todo lo atinente a acumulaciones, pedidos de pruebas y nuevos sorteos” será debatido y resuelto mañana en el marco de esta reunión que contará con sus nueve integrantes. Hasta ahora se presentaron cinco denuncias contra Rodríguez: dos ingresaron a fin del año pasado y ya están en trámite, y tres están pendientes de sorteo, algo que podría resolverse hoy en la reunión con un consejero instructor. Las denuncias presentadas en 2018, días antes del inicio de la feria judicial, son la 210/18 y la 213/18, la primera presentada por los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic (parlamentaria del Mercosur), en tanto que la segunda por el abogado y habitual denunciador Ricardo Monners Sans.

Ambas tienen que ver con la actuación del magistrado en la causa que investiga el desvío de fondos en la mina de Río Turbio, por la que está preso el exministro de Planificación Julio De Vido, y la instruyen el consejero Diego Molea (representante de los académicos) y el juez Juan Manuel Culotta (representante de los magistrados). Surgieron a raíz del apartamiento que dispuso la Cámara Federal, a pedido del fiscal Stornelli por su demora en el embargo de los bienes de Muñoz.

Otras dos ampliaciones de parte de los mismos denunciantes llegaron al Consejo la semana pasada, a partir de la declaración de Pochetti. En el Consejo fueron cautos: prefirieron indagar las denuncias en forma independiente para que sea más “prolijo”.

Sin embargo, a partir de ayer se sumó una nueva denuncia contra Rodríguez por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Guillermo Lipera. Fue por dos causas. Además de por la presunta inacción en la causa de Muñoz, por el sobreseimiento revocado por su patrimonio a Carlos Liuzzi, exsubsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión kirchnerista. Se debatirá en el Consejo la acumulación de las denuncias previas y las medidas de prueba se van a pedir para avanzar en la investigación con la segura inclusión de la declaración de Pochetti en su calidad de arrepentida (con la posibilidad de que sea citada a la Comisión), las declaraciones juradas y constancias de bienes del magistrado (con sus anexos reservados), paso previo a una eventual convocatoria en calidad de indagatoria. La dificultad del expediente administrativo es que está por delante de la causa penal que en las próximas horas debería definir juez instructor.

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