Política

Sobornos y la represión del 19 y 20 lo hicieron trajinar tribunales por una década

El diálogo fortuito se generó detrás de cámaras en un canal de televisión. Era la primera vez que -personalmente- se cruzaban a la entrada y salida de un programa el expresidente Fernando de la Rúa con el exjefe de Gabinete durante el kirchnerismo, Alberto Fernández. Corría el año 2015. “Doctor, quería saludarlo” -avanzó el ahora precandidato a presidente-, “y decirle que yo no tuve nada que ver con el tema de la causa judicial”. De la Rúa estrechó la mano de Fernández en señal componedora y cruzó breves palabras ante la urgencia del “vivo”.

El entorno de la Alianza (y de la ex SIDE aliancista) sostuvo por años que la administración de los Kirchner había impulsado su enjuiciamiento por los denominados “sobornos del Senado”, un expediente que hizo tambalear su Gobierno con la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez, salpicó a la clase política y a los servicios de inteligencia y contó con el primer “arrepentido” de la historia judicial que confesaba un hecho de corrupción. Por esto no habían ahorrado críticas al juez instructor Daniel Rafecas y al exjefe de Gabinete K, a quien responsabilizaban por el proceso que adquirió su propia dinámica a partir de la irrupción en 2003 del arrepentido exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, que se autoincriminó y aseguró que fue él quien trasladó dinero desde la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, destinado a comprar voluntades entre los senadores peronistas y radicales para que se aprobase la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril de 2000. Su testimonio fue el eje de la acusación que en 2009 tuvo con procesamiento confirmado a De la Rúa, al propio Pontaquarto, al extitular de la SIDE Fernando de Santibañes, al exministro de Trabajo Alberto Flamarique, y a seis senadores.

Pese a su instalación en el imaginario colectivo como una certeza, todo fue desacreditado tras un juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal N°3 que dictó una sentencia absolutoria el 23 de diciembre de 2013, luego de un año y medio de debate, 350 testigos –incluyendo a toda la Cámara de Senadores de entonces–, pericias y demás evidencia desplegada en las audiencias. El TOF 3 no sólo consideró que el hecho no pudo probarse, sino que jamás existió. Pese a las airadas quejas de la fiscalía y de la Oficina Anticorrupción, Casación confirmó en diciembre de 2015 la absolución de De la Rúa y del resto de los implicados en sintonía con el TOF. Con magras chances de que la Corte Suprema revierta la sentencia y a punto de prescribir por el paso del tiempo, los acusadores, ya en la era Cambiemos, desistieron de recurrir al máximo Tribunal y la causa que hizo temblar a la clase política argentina con sentencia absolutoria confirmada marchó rumbo al archivo. Fue la única vez que De la Rúa debió sentarse en el banquillo de los acusados.

Nunca llegó a juicio oral por su paso por la jefatura de Gobierno porteña. En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 cerró por prescripto el caso en el que se lo había procesado por el supuesto aprovechamiento particular de los servicios de un jardinero, Benito Pasó, que cobraba sueldo del disuelto Concejo Deliberante pero realizaba trabajos en la casaquinta del exmandatario en Villa Rosa, Pilar. De la Rúa insistió en que todos los hechos atribuidos eran falsos y que la Justicia lo había demostrado. Luego de ser inicialmente procesado, también fue sobreseído por el denominado “Megacanje” y nunca llegó al juicio en el cual el resto de los acusados también tuvieron una resolución beneficiosa.

Pero el caso más sensible apuntó a su responsabilidad por el dictado del estado de sitio y la posterior represión policial en el epílogo del gobierno de la Alianza, durante las trágicas jornadas de su caída el 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejaron 39 muertes en todo el país. El juez Claudio Bonadio concedió un subterfugio para el expresidente cuando el 7 de abril de 2009 dictó su sobreseimiento en la causa judicial por 5 muertes ocurridas en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Dijo que no se probó que hubiera ordenado el desalojo de la Plaza que devino en una brutal represión. Antes, lo había procesado por los mismos hechos, algo que revocó la Cámara Federal. Esa decisión posibilitó que De la Rúa quedase escindido de la causa principal que fue a juicio oral y tuvo finalmente condenas moderadas hacia los responsables del operativo policial, inclusive hasta el exministro de seguridad Enrique Mathov.

El 12 de mayo de 2015, la Corte Suprema, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda desestimó las quejas de las querellas y la fiscalía respecto del juzgamiento a De la Rúa por estos hechos. Era por homicidio imprudente -5 hechos- y lesiones culposas -117 hechos- por los que además de Bonadio, la Sala II de la Cámara Federal y la Sala I de Casación desestimaron las apelaciones.

Tras trajinar casi una década los tribunales federales, el exmandatario al momento de su fallecimiento no tenía condenas en su contra ni procesos pendientes de resolución.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario