Política

Tensión por presos en Comodoro Py

Una inédita situación provocó un cimbronazo dentro de la Cámara Federal de Casación Penal a raíz de las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad en la Unidad N°29, en el subsuelo de Comodoro Py. En medio de un nuevo brote de tuberculosis –una enfermedad que es habitual dentro de la población carcelaria por las condiciones de encierro- el juez federal Daniel Rafecas dio curso a una intimación al titular del máximo tribunal penal, Carlos Mahiques que tiene a su cargo lo que se denomina “superintendencia” sobre el edificio de los tribunales de Retiro y que extiende su responsabilidad a la alcaidía. La cuestión derivó en un tironeo también con el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles que preside otro de los camaristas, Gustavo Hornos que afirmaba que debía ser él quien se encargue de monitorear las acciones correctivas que tendrá que llevar adelante el Ministerio de Justicia para corregir las irregularidades detectadas.

Rafecas concedió un habeas corpus que había sido interpuesto por la defensora general Stella Maris Martínez y detalló que el 19 de septiembre pasado se llevaron a cabo “inspecciones oculares” en la U29 a partir de las denuncias recibidas el 13 de este mes, también por parte de la Procuración Penitenciaria. Tal como informó Ámbito Financiero, Germán Garavano debió declarar la emergencia penitenciaria a partir de una serie de falencias que empezaron a cosechar fallos en contra por parte de los jueces dada la sobrepoblación carcelaria y condiciones de alojamiento defectuosas. El habeas corpus también incluía otra Unidad, la 28, que está cuatro piso por debajo de los despachos de los jueces de la Corte Suprema, en el Palacio de Tribunales. Ya hubo una decisión judicial que buscó restringir los pernoctes de detenidos en ese lugar.

Entre las dos unidades del Servicio Penitenciario Federal y la Alcaidía Penal Inspector General Roberto Pettinato sumaban –al momento de la inspección- 200 detenidos diarios y sólo un médico que debía ir de una a otra, y otro profesional de guardia. No todos los presos tenían acceso a un colchón porque había menos cantidad y los que había estaban en mal estado. Otra observación fue la alimentación que recibían (un vaso de mate cocido y un pan por cabeza). Otras quejas fue que no tenían acceso a teléfonos para comunicarse con familiares o abogados y según el testimonio de internos, era el personal del SPF el que terminaba prestando sus celulares personales para que hagan una llamada. La sobrepoblación fue la conclusión del informe que derivó responsabilidades:

Al Ministerio de Justicia que “provea al SPF de los recursos a efectos de mejorar las instalaciones sanitarias”; al SPF para que provea “colchones, mantas, elementos de higiene personal y elementos necesarios para que las personas pernocten”, además de “reforzar de forma inmediata” la asistencia médica y dotar de más médicos esas Unidades y lo mismo para el denominado “desayuno”. El 5 de noviembre se fijó la fecha para evaluar si había habido mejoras. Hasta hubo un oficio cursado a la Asociación de Magistrados para evaluar si se podría efectuar una “colecta” de colchones, toallas y frazadas para los presos, reconocida la “escasez de recursos que se encuentra atravesando el Sistema Penitenciario Federal”. El oficio dirigido a Mahiques fue concreto: además de dar cuenta de la inspección, Rafecas sostuvo que “se advirtieron condiciones indignas de detención, falta de recursos, escaso personal médico, quejas de las condiciones de alimentación, mala iluminación, graves problemas de contacto con el exterior, instalación de lugares inadecuados para el pernocte, que en muchos de los casos, se extienden por más de veinte días, así también como la falta absoluta de espacios de recreación”. La terminología y la enumeración no pasaron desapercibidas en Casación que sintió el impacto por ser la “dueña” del edificio donde todo eso sucede. Leyeron que Rafecas estaba enviándoles un dardo a partir de su salida del edificio como juez y con la chance de empezar a sonar como uno de los posibles candidatos a la Procuración General. Inmediatamente motorizaron una reunión de comisión, donde Carlos Mahiques se enfrentó con Hornos por quien quedaba a cargo de monitorear al Ministerio de Justicia en la tarea de mejoramiento de la U29. Hornos postuló que el encargado en esa cartera de los asuntos penitenciarios era el hijo del camarista, Juan Bautista Mahiques y que sería incompatible que sea “controlado” por el padre. A su vez, Mahiques sostuvo que le correspondía la presidencia por ser también el titular de Casación. Sin acuerdo, votaron. Liliana Catucci, Diego Barroetaveña apoyaron a Mahiques, que se votó a sí mismo. Hornos hizo lo propio junto a Guillermo Yacobucci pero quedaron en minoría y el primero, mascullando bronca.

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