Política

Tragedia de Once: con 29 acusados, arrancó el juicio

El juicio por la tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012 en el cual murieron 51 personas, comenzó en los tribunales de Comodoro Py con los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi sentados entre los 29 acusados.

También estuvieron los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), entonces concesionaria del ferrocarril Sarmiento, así como el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

La primera sesión del juicio fue a sala llena y con familiares de las víctimas ubicados afuera del recinto con pancartas en las que sólo se leía la palabra "Justicia": incluso, así recibieron a Schiavi y a otros acusados que ingresaron a los tribunales.

En la primera audiencia se dio lectura del requerimiento de elevación a juicio que hizo el fiscal Federico Delgado, en el que se acusa no sólo por el accidente ferroviario sino también por la presunta administración fraudulenta de millones de pesos en subsidio que recibía TBA de manos del Estado.

Puntualmente, la investigación arrojó que estos fondos no iban destinados al mejoramiento del servicio, sino que parte del dinero se desvió hacia empresas tercerizadas que estaban en manos de los Cirigliano.

"Esa complicidad, probablemente anclada en un pacto entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte, disolvió cualquier chance de control real. Esto significa que la instancia de control alcanzó un simple plano formal que no llegó a ser real", sostuvo el fiscal.

Sobre el maquinista, Delgado señaló en su pedido de elevación a juicio que "ingresó a la estación a una velocidad mayor a la permitida y con el dispositivo de seguridad 'hombre muerto' desactivado", por lo que "fue imprudente en su arte o profesión".

Todos los acusados estuvieron presentes, pues están obligados a hacerlo en la primera audiencia y en alguna que otra específica durante el proceso, que se estima se extenderá no menos de un año, ya que hay previstos unos 300 testigos para declarar.

Antes de entrar al juicio, Paolo Menghini, padre de Lucas, uno de los fallecidos en la tragedia, remarcó que se trataba de "un día tristemente importante porque cierra dos años de búsqueda del juicio oral", aunque -remarcó- "no cierra la búsqueda de justicia".

El hombre ratificó "la responsabilidad de los exfuncionarios y empresarios" acusados y sostuvo que espera contra ellos "un fallo condenatorio", además de "un juicio que tenga al transparencia y claridad", porque "todos necesitamos para reconciliarnos con la Justicia".

Schiavi fue uno de los pocos exfuncionarios que ingresó por la puerta principal, donde en ese momento había un grupo de familiares de víctimas con carteles, quienes gritaron a coro un reclamo de "Justicia".

En cambio, al resto de los exfuncionarios, entre ellos Jaime, recién se lo pudo ver en la entrada de la sala de juicio, por lo que todo indica que ingresó por un acceso lateral, al igual que los hermanos Cirigliano.

En el arranque del juicio, poco después de las 11:00, el Tribunal informó que tras la renuncia de dos de las cabezas de querella tras un acuerdo económico con TBA (la de los abogados Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú y la de Miguel Ángel Arce Aggeo) algunos familiares de víctimas habían sido reasignados al abogado Javier Moral.

Así quedaron en pie las querellas de Moral, de la familia Menghini Rey, representante del joven Lucas fallecido en el hecho, y aquellas otras del abogado Gregorio Dalbón, aunque este último podría cerrar un acuerdo con la firma TBA en el futuro.

Según pudo saber Noticias Argentinas, por el momento la mayoría de los querellantes (en total son aproximadamente un centenar) permanece en pie, pese al acuerdo económico extrajudicial con la concesionaria TBA: en ese sentido, la querella de Menghini Rey cuenta con una veintena de representados, en tanto que la de Dalbón con poco más de medio centenar y la del abogado Moral con casi 50.

El Tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, y la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo.

En una tercera fila de la sala estuvieron ubicados Antonio Luna, exsubsecretario de Transporte Ferroviario; Antonio Sícaro y Pedro Ochoa, ambos extitulares del organismo contralor, la CNRT.

Según pudo saber NA, originalmente el Tribunal había dispuesto que se sentaran Schiavi al lado de Cirigliano, pero colaboradores del empresario hicieron gestiones para evitar una foto que los mostrara juntos.

El resto de los acusados son Luis Alberto Ninoná, Daniel Guido Lodola, Miguel Werba, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Laura Aída Ballesteros, José Doce Portas, Pedro Roque Raineri, Francisco Adalberto Pafumi, Oscar Alberto Gariboglio, Víctor Eduardo Astrella, Daniel Fernando Rubio, Carlos Esteban Pont Verges, Alejandro Rubén Lopardo, Jorge Alberto De los Reyes, Guillermo Alberto D´Abenigno, Jorge Álvarez, Sergio Daniel Tempone, Carlos Alberto Lluch, Marcelo Alberto Calderón, y Roque Ángel Cirigliano.

Los exsecretarios Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012), serán juzgados por la falta de controles en los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano, en tanto, están acusados por desviar fondos públicos hacia empresas tercerizadas, presuntamente de su propiedad.

En tanto, el motorman Córdoba es imputado por el choque, ya que conducía la formación al momento del impacto y está en controversia si accionó correctamente los frenos de la formación ese día.

Junto a ellos en el banquillo estará el directorio de TBA, que incluye a su entonces presidente, Carlo Michele Ferrari; así como también el exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna; y los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa.

Dos peritajes arrojaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente al momento del hecho, con lo cual se descartó una falla mecánica, complicando al motorman.

Durante el proceso, la Justicia intentará determinar qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010, y por los cuales los exfuncionarios son acusados por administración fraudulenta, a la par que en instrucción otro juez, Sebastián Ramos, evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.

La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían otros destinos no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario.

Aparentemente, Claudio Sergio Cirigliano utilizó una tarjeta corporativa de TBA para realizar gastos exorbitantes por medio millón de pesos en muebles traídos de la Polinesia, joyas, viajes y otros artículos de lujo para uso personal.

La primera jornada finalizó cuando el reloj marcó las seis de la tarde y se reanudará el próximo martes, ya que si bien ese día y el lunes son las jornadas de audiencia el próximo 24 de marzo es feriado, y se seguirá dando lectura de elevación a juicio de las querellas.

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