13 de marzo 2019 - 17:21

Tras anuncio de la marcha del 4-A, se espera una tensa reunión de Consejo Directivo de la CGT

Sectores dialoguistas quieren diluir la protesta y propondrán libertad de acción, pero no adhesión plena de la central obrera. Desconfían de los convocantes. Por lo bajo, abrieron negociación por obras sociales. La consigna "Lavagna Presidente" movió el tablero.

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El Consejo Directivo de la CGT volverá a reunirse este jueves por la tarde para empezar a debatir la adhesión de la central obrera a la marcha opositora del 4 de abril próximo a la Plaza de Mayo.

La movilización surgió de los gremios industriales y de mecánicos y pronto encontró eco en el sindicalismo más combativo, alineado con los Moyano. Ante la misma necesidad de expresar su rechazo a la políticas del Gobierno de Cambiemos, Camioneros, Smata, UOM, bancarios y una parva de organizaciones gremiales unificaron el calendario de reclamos y fijaron una masiva marcha para el 4-A. A los gremialistas se sumarán empresarios pymes, los ajustados que padecen las subas de tarifas, movimientos sociales y hasta agrupaciones políticas, como la izquierda y el kirchnerismo.

Justamente es este collage amorfo de sellos y dirigentes es lo que hoy preocupa en la CGT. Según puso saber ámbito.com, los sectores más dialoguistas con el oficialismo expondrán ante el Consejo sus objeciones a marchar y propondrán la libertad de acción, pero no la adhesión en pleno de la central. Algunos miembros de la cúpula cegetista iniciaron reservadas gestiones con altos funcionarios para analizar reglamentaciones en carpeta que elevarían los costos de las obras sociales sindicales y no están dispuestos a realizar movimientos que los perjudiquen. Mucho más lejos ven la posibilidad de concretar el quinto paro general contra la administración de Mauricio Macri. Lejísimo.

La ebullición que buscan contagiar los Moyano al resto del mundo gremial, en particular a los sindicatos del transporte, quienes siempre garantizan la efectividad de una medida de fuerza, obligó a la Casa Rosada a mostrar sus cartas. Este martes la titular de la Oficina Anticorrupción, la exdiputada del PRO Laura Alonso, y Fernando Sánchez, el delegado de Elisa Carrió en Jefatura de Gabinete, presentaron un proyecto para modificar la ley de Ética Pública, que obliga a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas antes, durante y al fin de sus mandatos, como si fueran funcionarios públicos. La iniciativa había sido archivada por el Ejecutivo a fines del año pasado, luego de una gestión de los dialoguistas, y a cambio de desactivar la quinta huelga general.

Otro frente de batalla entre el Gobierno y los sindicatos involucra a los integrantes de la CATT. Trascendió que en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social evalúan un pedido del FMI para recortar los regímenes de jubilación especiales que gozan los trabajadores del transporte. En rigor, no es la cartera de Carolina Stanley la que lo debe definir, sino la Anses. Pero se le atribuye a la ministra estas responsabilidades. Ya las asumió con los petroleros patagónicos.

Por ese motivo, el titular de la CATT Juan Carlos Schmid le solicitó formalmente una audiencia a Stanley para evitar la derogación de los beneficios, como los retiros anticipados por problemas de salud. Esa reunión nunca estuvo prevista para esta semana. La funcionaria no postergó ni suspendió la reunión porque no estaba en su agenda ni en la de los transportistas. El encuentro está pautado oficialmente para el jueves 28 de marzo y, según anticiparon desde la Confederación, Schmid encabezará la comitiva.

Otros de los urticantes temas a tratar en el cónclave de la CGT serán los posicionamientos electorales. La “Mesa Sindical Lavagna Presidente 2019” que organizó Luis Barrionuevo movió el tablero y muchos popes gremiales quieren escuchar de qué se trata.

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