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Un retroceso grave para la democracia regional

La renuncia que presentó Evo Morales a la presidencia de Bolivia, acaba de actualizar en Sudamérica la práctica del golpe de Estado con participación decisiva de las Fuerzas Armadas.

La renuncia que presentó Evo Morales es una formalidad que no oculta la naturaleza del desenlace de la crisis político-institucional de Bolivia: ese país acaba de actualizar en Sudamérica la práctica del golpe de Estado con participación decisiva de las Fuerzas Armadas.

Es el final, provisorio claro, de un proceso que se incubó por más de tres años y medio y que incluyó errores gruesos del líder indígena y un estiramiento grotesco de la Constitución que él mismo había impuesto en su intento de lograr una tercera reelección. Las irregularidades del escrutinio constatadas por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que Morales había aceptado, supusieron ayer un golpe enorme a su legitimidad, pero los militares omitieron que el dictamen, apoyado por países como Estados Unidos y la Argentina, apuntaba a la repetición de los comicios y a la renovación de la Justicia electoral, no a la remoción del jefe de Estado. Así, su “sugerencia” de que dejara el poder los deja en el lugar de los golpistas a la vieja usanza.

Evo Morales llegó al poder en 2006 y de inmediato puso en marcha el que acaso haya sido su mayor logro: la nacionalización del gas. Su idea de invertir exactamente la ecuación entre la proporción del negocio que les quedaba a las petroleras y al Estado fue resistida enconadamente por el establishment político y por compañías extranjeras que denunciaban una confiscación y aseguraban que, en esos términos, no les quedaría más remedio que dejar el país. Concretada la nacionalización, sin embargo, los números les siguieron cerrando y todas se quedaron donde estaban. La evidencia del tamaño del despojo que por décadas políticos y empresarios habían perpetrado en perjuicio de la población más pobre de Sudamérica encandiló a todo aquel que quisiera abrir los ojos.

Sin embargo, Morales no se contentó con el lugar en la historia que ya eso le reservaba, a lo que se sumó la distribución posterior de esa renta, la inédita estabilidad política que logró y un manejo macroeconómico mucho más prolijo que el de otros populismos regionales. Así, terminó hundiéndose en su intento de eternizarse.

Primero lo hizo a través de un referendo, una vía perfectamente legal. Fue el 21 febrero de 2016, pero perdió por apenas dos puntos y medio. Reconocer ese resultado fue su último acierto en esta saga.

Luego decidió violentar la legalidad, cuando su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), acudió a un Tribunal Constitucional adicto invocando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), incorporada por la reforma anterior al texto constitucional. El mismo se refiere a los derechos políticos que los países signatarios deben garantizan a “todos los ciudadanos”. Así, el inciso 1.a habla de la participación “en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, y el b, de la posibilidad “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas (...)”. En tanto, el apartado 2 señala que las leyes nacionales pueden “reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. El MAS argumentó que la reelección indefinida era un derecho humano y el tribunal le dio la razón. ¿La restricción por causa de “capacidad civil” no podía aludir a la limitación de las reelecciones, práctica habitual en casi todos los Estados democráticos del mundo? No importaba. La decisión política estaba tomada.

La oposición se quejó con razón, pero terminó validando el fallo judicial al participar en los comicios del 20 de octubre, en los que Morales buscó su tercera reelección y prolongar su hegemonía hasta 2025. El escrutinio interrumpido y sospechado fue su último error y abuso, algo que consignó ayer la OEA.

A pedido de la organización, Morales aceptó reemplazar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, corte responsable de ese escrutinio, y llamar a una nueva elección presidencial. Aceptó así, de hecho, una condena a las condiciones en las que, según la justicia electoral, había obtenido el triunfo en primera vuelta con apenas una décima por encima de los diez puntos porcentuales de ventaja necesarios. Esa admisión terminó de vaciarlo de legitimidad, pero los militares fueron ayer mucho más allá que la comunidad interamericana y “sugirieron” su renuncia en aras de la pacificación del país.

Todo vuelve. Los golpes militares acaban de regresar a la región.

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