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Un triunfo para Lula: suspenden su traslado

El máximo tribunal admitió el pedido de su defensa de aguardar en Curitiba un fallo sobre la nulidad o no de su condena. Iban a trasferirlo a San Pablo.

San Pablo - El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió ayer el traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desde la sala especial de Curitiba (sur) donde cumple una pena de casi 9 años de prisión a una cárcel común de San Pablo, ordenado horas antes por una jueza de primera instancia.

Por diez votos contra uno, el STF decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la sala de la sede policial de Curitiba hasta que el máximo tribunal analice si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción.

El expresidente brasileño iba a ser trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de San Pablo. Se trataba de la Penitenciaria II de Tremembé, a unos 150 km de la capital paulista.

La defensa del exmandatario de izquierda había enviado una petición urgente al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, para que suspendiera el traslado del líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 73 años, que cumple desde abril de 2018 una condena de 8 años y 10 meses de prisión, argumentado que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían entonces concederle la “libertad plena” y no “colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal”.

Pidieron, además, que Lula pueda continuar en una sala individual “compatible” con su condición de expresidente e insistieron en que la justicia atienda rápidamente su reclamo de “nulidad de todo el proceso” y restablezca su libertad.

El traslado había sido solicitado por la Policía Federal, que alegó estar sufriendo diversos trastornos con su custodia en un establecimiento pensado para alojar apenas presos provisorios y en cuyos alrededores se han aglomerado partidarios y adversarios del expresidente, que recibe numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras.

La jueza de Curitiba Carolina Lebbos que ordenó la transferencia había afirmado que la decisión buscaba “reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia, además de proporcionarle mejores condiciones de resocialización” a Lula, trasladándolo a “un establecimiento efectivamente volcado a la ejecución penal, cerca de su medio social y familiar”.

La ejecución de la pena impuesta a Lula pasó entonces a manos de la justicia de San Pablo, que determinó su traslado a Tremembé, a más de 150 km de San Bernardo do Campo, cinturón industrial de la megalópolis donde el expresidente se forjó como líder sindical y mantiene sus lazos familiares.

Lula cumple una pena por haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.

Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenarlo, en las que admiten la falta de certezas de la acusación.

El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador Partido Demócratas, se solidarizó con Lula y encabezó una delegación de unos 70 congresistas que se reunieron con el titular del Supremo, Antonio Dias Toffoli.

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