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Un "ultraje" a la Constitución difícil de deshacer

Londres - La decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el parlamento británico hasta dos semanas antes del brexit fue denunciada como un “ultraje constitucional”, pero ¿cuáles son sus bases legales y qué papel juega la reina?

En el Reino Unido, las legislaturas parlamentarias suelen dividirse en sesiones de un año, con un breve periodo de suspensión entre ellas durante el cual se presentan los proyectos de ley que expondrá la monarca en su discurso de inauguración.

De forma inusual, la actual sesión parlamentaria ha durado más de dos años por el deseo de la anterior primera ministra, Theresa May, de disponer de un largo periodo para llevar a cabo el divorcio en el bloque.

En circunstancias normales, un nuevo premier suele poner fin a la sesión con una suspensión de unos diez días para presentar su programa legislativo. Además, las cámaras suelen hacer un receso de tres semanas en septiembre coincidiendo con las conferencias anuales de los partidos.

Lo que hizo Johnson fue agregar la suspensión de diez días a esa pausa, cerrando el Parlamento del 10 o 12 de septiembre hasta el 14 de octubre.

Se preveía que los diputados votasen contra el receso este año, así que el primer ministro usó sus poderes ejecutivos para impedirlo, lo que llevó al presidente de la Cámara de los Comunes a denunciar un “ultraje constitucional”.

“La decisión de poner fin a la actual sesión parlamentaria -la más larga en casi 400 años y una de las menos activas en los últimos meses- permitirá al primer ministro poner un nuevo programa nacional ante los diputados para su debate y escrutinio”, justificó el gobierno.

Como resultado, los diputados tendrán muy poco tiempo para intentar impedir un brexit sin acuerdo el 31 de octubre.

Pero Johnson “no ha mencionado el brexit para nada” en su argumentación por lo que, en opinión de Robert Craig, experto constitucionalista de Durham University, “no hay nada incorrecto en esta decisión”.

Su estrategia “fue inteligente”, considera.

En una audiencia en su residencia estival de Balmoral, en Escocia, Isabel II aprobó la suspensión, pese a los llamados a que no diera su consentimiento.

La monarca está obligada por la convención y no podía negarse.

“Debe actuar siguiendo el consejo del primer ministro, es la regla más antigua de la constitución”, afirma Craig.

Existe ya una querella en Escocia y otra en preparación en Inglaterra argumentado que la suspensión parlamentaria para imponer el brexit es ilegítima.

Pero según Craig, es muy difícil demostrar que esa es la motivación de Johnson. “El caso no puede prosperar a menos que el primer ministro diga algo estúpido como ‘lo estoy haciendo para obtener el brexit’”, afirma.

Maddy Thimont Jack, analista del centro de reflexión Institute For Government, señala que los diputados tienen casi cuatro semanas antes y después de la suspensión para debatir sobre la salida de la Unión Europea.

Una legislación anterior que obligó a Theresa May a pedir una prórroga de la fecha del brexit tardó solo dos días en ser aprobada, aunque el proceso podría ser más difícil esta vez y requerir mucho más tiempo.

Primero, los diputados tienen que encontrar el modo de hacerse con el control de la agencia parlamentaria, lo que en marzo fue posible valiéndose de una moción gubernamental ya sometida. Johnson puede ahora dificultarlo descartando simplemente toda presentación.

La otra opción sería derrotar al primer ministro en una moción de censura y formar un nuevo ejecutivo que pida una prórroga a Bruselas.

Sin embargo, los diputados no parecen de acuerdo sobre quién dirigiría ese gobierno debido a la impopularidad del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y la rivalidad entre partidos.

Si no se inviste a un nuevo ejecutivo en 14 días se podrían convocar elecciones anticipadas, pero no es seguro que pudiesen organizarse antes del 31 de octubre.

Agencia AFP

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