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Una democracia que pierde calidad en medio de la puja de poderes

El Gobierno empuja una agenda ultraconservadora, pero choca con el Supremo. Mientras, la ciudadanía pierde confianza en toda la dirigencia.

Río de Janeiro - Tribunales que emiten leyes, congresistas con agendas de gobernantes y un Gobierno que agita a la sociedad para presionar a las instituciones: bienvenidos al Brasil de Jair Messias Bolsonaro, donde las funciones de cada poder chocan cada vez más con las de sus vecinos.

Bolsonaro y los jefes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF) acordaron en mayo firmar un “Pacto por Brasil” después de manifestaciones que tomaron por blanco a los poderes Legislativo y Judicial. Pero la idea fue abandonada en medio de nuevas estocadas.

“No nos hace falta un pacto de papel. El pacto que nos hace falta es el de nuestro ejemplo, de votar temas, presentar propuestas que huyan del populismo”, declaró ayer el mandatario.

“Respeto todas las instituciones, pero encima de ellas está el pueblo, mi patrón, a quien debo lealtad”, tuiteó el exmilitar después de otros actos de apoyo a su ministro de Justicia y exjuez Sergio Moro. Ese ícono de la lucha contra la corrupción se halla a la defensiva desde la divulgación de mensajes que cuestionan su imparcialidad en la condena del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

La política en Brasil está “pasando por una transformación muy grande y difícil de entender. El cambio tiene mucho que ver con el clima mundial de crecimiento del conservadurismo, de la derecha más truculenta desde el punto de vista verbal y de sus métodos”, afirma Sylvio Costa, de Congresso em Foco, un sitio especializado en asuntos legislativos.

Las polémicas se acantonan hasta ahora esencialmente en las redes sociales. Pero la crispación crece en un país con 13 millones de desocupados y casi 5 millones que desistieron de buscar empleo por falta de oportunidades.

“Si la economía sigue tan mal, habrá cada vez más gente endeudada, quebrada, y ese escenario estimula acciones irracionales, desesperadas”, dijo Costa.

Al llegar al poder en enero, Bolsonaro prometió gobernar ignorando a los partidos políticos, identificados con los escándalos de las últimas décadas. Pero rápidamente su Gobierno se entregó a un ajuste de cuentas entre los sectores ultraconservadores y los militares, con saldo hasta ahora de cuatro renuncias o destituciones en el gabinete.

Se vio entonces emerger al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, como articulador de grandes reformas (ver nota pág. 16).

Los parlamentarios infligieron además al Ejecutivo derrotas en temas de gran repercusión. El Senado, por ejemplo, rechazó los decretos presidenciales de flexibilización del porte de armas.

Tras el anuncio del “pacto” entre poderes, Bolsonaro le advirtió a Maia: “Con una lapicera yo tengo mucho más poder que usted. Usted puede hacer leyes, yo tengo el poder de firmar decretos”. Pero en junio, ante el inesperado dinamismo del Congreso, se preguntó: “¿Quieren convertirme en la reina de Inglaterra?”. Una posición difícil para alguien que ya admitió que piensa en las elecciones de 2022.

El STF representa otro frente en estas batallas que ponen una vez más a prueba la resistencia institucional de Brasil: desde el retorno de la democracia en 1985, el país vivió el impeachment de dos presidentes (Fernando Collor y Dilma Rousseff); un tercero (Lula) que purga casi 9 años de cárcel y un cuarto (Michel Temer) que fue arrestado en dos ocasiones por sospechas de corrupción. El STF (corte suprema) multiplica sus acciones a través de decisiones individuales o colectivas de sus once magistrados, que tienen el poder de encajonar, retrasar o adelantar juicios.

Un fallo suspendió en junio la transferencia de la demarcación de tierras indígenas al ministerio de Agricultura y otro criminalizó la homofobia, contrariando tanto a Bolsonaro como al Congreso, con fuerte influencia de las bancadas del agronegocio y los evangélicos.

“En los últimos años, el STF viene tomando decisiones en asuntos típicamente reservados al legislador”, apunta Ivar Hartmann, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV Direito Rio).

Ese intervencionismo es facilitado a menudo por recursos presentados por parlamentarios contra proyectos en los que fueron derrotados. De ese modo, “transformaron al Supremo en un organismo todopoderoso, como no existe en ningún otro país”, dijo Hartmann.

“Cada vez más asuntos llegan al Tribunal, que va ocupando los vacíos dejados por los impasses entre los poderes”, coinciden los juristas Daniel Capecchi Nunes y Luiz Fernando Gomes Esteves, en un artículo publicado en el sitio de informaciones judiciales jota.info.

Las críticas dejan aparentemente impávidos a los jueces. “En lo que mí respecta, no me impresionan. Quien viene acá tiene que tener el cuero duro”, declaró el presidente del STF, Dias Toffoli.

La estrategia del STF no le ha permitido en todo caso escapar a la crisis de confianza que afecta a las instituciones. Según una encuesta Datafolha de abril, un 29% de los brasileños dicen “no confiar” en la Presidencia, un 32% en el Supremo y un 41% en el Congreso.

Agencia AFP

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