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Una prueba ilegal que puede liberar a Lula, pero que no hará condenar a magistrados

Los diálogos en Telegram habrían sido obtenidos por un "hacker", se defendieron los señalados. Si es así, quedarían a salvo de la Justicia, pero muchos condenados podrían plantear nulidades.

La práctica periodística es, en su naturaleza, diferente de la judicial: mientras para la primera basta con que la difusión de cierto material sea de interés público, para la segunda la utilización de este como prueba depende de que su origen sea legal. El caso de los chats entre el exjuez y actual ministro de Justicia Sérgio Moro y los fiscales de la operación anticorrupción “Lava Jato” (lavadero de autos) se enmarca perfectamente en esa divergencia. ¿Pero la utilidad del material, al parecer extraído subrepticiamente por “hackers” de los teléfonos de los magistrados, es nula a todos los efectos judiciales? No si se trata de sacar a un reo de la cárcel.

El abogado constitucionalista y penalista, profesor universitario y ex procurador del estado Rio Grande do Sul Lenio Luiz Streck le explicó a Ámbito Financiero desde Brasil que “ni Sérgio Moro ni el Ministerio Público niegan el tenor de las informaciones, sino que alegan que sufrieron un ‘hackeo’. Si las pruebas fueron producto de eso, es decir que son ilícitas, no pueden ser utilizadas contra los protagonistas. Pero el punto es que en el Derecho brasileño sí valen para probar la inocencia de un reo o para anular una condena”. Ese sería, ni más ni menos, el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (ver pág. 20).

“Los abogados defensores de mucha gente (condenada por la “Lava Jato”) van a entrar con pedidos”, anticipó, a la vez que definió la situación como “la mayor crisis del Poder Judicial y del Ministerio Público desde (la aprobación de la Constitución en) 1988”.

En efecto, los fiscales de Curitiba (estado de Paraná), sede de la operación “Lava Jato”, dijeron en un comunicado difundido el mismo domingo al final de la tarde, ni bien estalló el escándalo desatado por la revelación del sitio The Intercept, que “fueron víctimas de la acción criminal de un ‘hacker’ que practicó los más graves ataques a su actividad, vida privada y seguridad”.

En tanto, Moro enfatizó en otra nota de prensa el origen ilegal del material y aseguró no haber incurrido en “ninguna anormalidad o direccionamiento” en su rol como juez federal en Curitiba, cargo que dejó en noviembre último para pasar a desempeñarse como ministro de Justicia.

El hombre, clave en la caída de Lula y que fue recompensado por el presidente Jair Bolsonaro, beneficiario directo de lo anterior, con el Ministerio de Justicia y con plenos poderes en esa área, debería resultar judicialmente inmune al caso. Su futuro, sin embargo, va por una vía diferente.

Bolsonaro había anunciado que Moro era su hombre para el Supremo Tribunal Federal (STF) ni bien se produjera allí alguna vacante. El revuelo que generó en ese foro la explosiva noticia puede dificultar enormemente su desembarco.

The Intercept publicó tramos de los intercambios entre Moro y Dallagnol vinculados, por ejemplo, al caso del tríplex en Guarujá, que, según la sentencia de 2017 del primero, fue una coima pagada por la constructora OAS a Lula como compensación por contratos amañados con Petrobras.

En los chats, Dallagnol muestra severas dudas sobre la validez de las pruebas en dos puntos clave: que el tríplex haya pertenecido realmente a Lula y que la coima se haya vinculado con negocios de OAS con la petrolera.

Si lo primero sigue siendo polémico, sobre todo porque la Justicia acaba de autorizar al empresario Fernando Bittar a venderlo, generando más dudas sobre la propiedad del exmandatario sobre el inmueble, lo segundo fue “resuelto” en la sentencia de Moro con una acrobacia argumental que en su momento provocó asombro en muchos especialistas. Para él, el soborno fue la contraprestación de “un acto de oficio indeterminado”. Semejante innovación jurídica significa que nunca halló un acto administrativo que permitiera vincular la supuesta entrega del tríplex con un beneficio a OAS.

La sentencia original condenó a Lula en julio de 2019 a nueve años y seis meses de cárcel. Fue luego confirmada en segunda instancia y elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la IV Región, lo que ocurrió en enero del año pasado, justo a tiempo para inviabilizar la candidatura del líder de la izquierda en virtud de la llamada ley de la “ficha limpia”.

No llamativamente, los documentos publicados por The Intercept muestran a los fiscales actuando abiertamente para neutralizar al expresidente en el plano electoral, por ejemplo bloqueando la posibilidad, avalada inicialmente en el STF, de que diera en septiembre del año pasado una entrevista a la periodista de Folha de São Paulo Mônica Bergamo. Esta, temían los procuradores, podía fortalecer al candidato alternativo del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, a pocas semanas de la primera vuelta.

La otra cuestión comprometedora es el modo en que Moro aparece orientando a los fiscales en materia de investigaciones y producción de prueba. No sólo la ley brasileña impide a los jueces actuar en materia investigativa, sino que el propio exmagistrado dijo varias veces, desmintiendo denuncias en ese sentido, que su deber era simplemente ser “reactivo” a las pruebas que le presentaban los fiscales y la Policía Federal.

Muy probablemente inmune en términos penales por la mencionada ilegalidad del origen de la prueba, un riesgo que corre Moro es que quede hipotecado su futuro como juez del principal tribunal de Brasil. Además, que quede severamente comprometido su máximo legado, la operación “Lava Jato”, con masivos pedidos de liberación de condenados.

Pero la lista de las víctimas de este episodio es más amplia. El descrédito de aquella cruzada judicial moralizadora puede terminar de echar un manto pesado y oscuro sobre la ecuanimidad del proceso que llevó al poder a Bolsonaro.

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