14 de febrero 2019 - 00:01

Urge emergencia fiscal que salve a las pymes

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La resolución 50/2019 de la cartera que conduce Nicolás Dujovne elevó la tasa de interés que se cobra por intereses resarcitorios y punitorios en AFIP. La de los primeros pasaría del 3 al 4,5% mensual y la de los punitorios, al 5,6% a partir del 1 de marzo.

En el mes de agosto del año pasado tuve el agrado de escribir un artículo cuando el bloque de Sergio Massa, Frente Renovador, impulsó el mismo proyecto pretendiendo “la suspensión de 180 días de los embargos y las ejecuciones de AFIP” cuando el flamante director londinense de AFIP declaró en aquel entonces “vamos a reactivar los embargos después de la feria judicial”.

Mientras el gobierno de Mauricio Macri está contando los días para recibir su “inyección” monetaria internacional de su aliado gubernamental, la sociedad y los mercados están llorando por una tasa de interés del 70% y para colmo de males, el dueño de la ventanilla de AFIP, sin escrúpulo alguno subió los intereses de AFIP del 3 al 4.5 en los mensuales y en 5.6, desde el 01/03/2019.

Esta resolución llamó la atención del presidente del bloque justicialista, el Dr. Miguel Ángel Pichetto que, mediante una presentación, similar al de su contrincante en las PASO del nuevo Espacio “alternativa federal”, pretende (vía proyecto de ley) dejar vigentes los porcentajes vigentes y suspender por 180 días la iniciación de juicios de ejecución fiscal "para el cobro de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras". Incluso determina poner un freno a las demandas judiciales ya iniciadas. Por último, el proyecto establece que AFIP deje de estar obligada a denunciar ciertos delitos tributarios previstos en la última reforma impositiva. Este proyecto se engloba en la llamada “Emergencia Fiscal y Estado de Emergencia de las Pymes”.

Mi opinión es que el Poder Ejecutivo, mediante las facultades que le otorga la Constitución Nacional con los decretos de necesidad y urgencia, tiene la obligación de decretar la Emergencia Fiscal y la Urgencia Deficitaria, esto es, debe prohibir por decreto que por el término de 180 días se deje de embargar y de ejecutar a los contribuyentes y a las empresas por parte de la AFIP. Lo necesita el país y las empresas en general.

En términos legales, contamos con una Ley Pyme Nº 25.300 que vino aportar estabilidad fiscal en el 2018. Las empresas que se adhieran a la “categorización y/o beneficios Pymes”, desde el portal de afip.gov.ar con la clave fiscal, contarán con beneficios que significan un buen financiamiento y reducción de la presión fiscal. El problema está en la operatividad de difusión del Ministro de Producción y los órganos descentralizados que no se ocupan de alzar estos beneficios y promediar estas medidas.

En términos administrativos de una empresa, se necesita una moratoria, no un plan de facilidades, ya que el acceso es limitado a un “scoring” y, que la actualidad tributaria e impositiva de las Pymes, esté en los niveles más altos de dicha marca.

En varias oportunidades opiné y expliqué la diferencia entre plan de pago y moratoria, desde la administración de Abad que no tenemos una moratoria a 60 ó 120 cuotas con tasas menores a las vigentes

El financiamiento vía AFIP es una herramienta de respiro para las Pymes en nuestro país que representan el 90% del empleo genuino y mueven el mercado económico nacional. Este financiamiento, les permitiría saldar sus deudas, corrientes e históricas, mediante planes que significan una bocanada de aire fresco para ellas.

El proyecto presentado por Pichetto, y que además lleva las firmas de los senadores Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, se conoció horas después de que el rionegrino y precandidato presidencial, se haya reunido con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Se necesitan medidas protectoras y que no impongan condiciones absurdas a los contribuyentes. Si no se decreta la Emergencia Fiscal y se frenan los embargos y las ejecuciones de AFIP por el término de 180 días, el deterioro de la actividad comercial es inmediato.

Si no dan una solución política y se adoptan medidas ajustadas a la realidad de las Pymes, los negocios y los comerciantes, que repito, son el motor de la economía y el empleo genuino, es muy difícil que sigan los negocios y las empresas abiertas, siendo las cifras de cierre de persianas escalofriantes en menos de los primeros 60 días de este ¿bendito? año electoral.

(*) Abogado Laboralista y analista de opinión en prensa y radio. Presidente de APREEA (Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios Afines)

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