Las cámaras inmobiliarias del Uruguay llegaron a un acuerdo y presentaron un nuevo proyecto de ley para corredores inmobiliarios con la esperanza de que se apruebe antes de que termine la actual gestión.
Las dos cámaras del sector unificaron criterios con la esperanza de que se apruebe antes de que finalice esta legislatura.
Las cámaras llegaron a un acuerdo y presentaron un nuevo proyecto de ley.
Las cámaras inmobiliarias del Uruguay llegaron a un acuerdo y presentaron un nuevo proyecto de ley para corredores inmobiliarios con la esperanza de que se apruebe antes de que termine la actual gestión.
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A comienzos de este año, Diputados la ley de operadores inmobiliarios con el apoyo de todos los partidos integrantes, luego de más de un año de discusión en la Comisión de Constitución. Ahora, espera la aprobación en el Senado pero las diferencias entre la cámaras iba a ralentizar todo el proceso.
Por eso, entre aquellas a favor del proyecto: la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, y la detractora de la iniciativa: la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) llegaron a un acuerdo y redactaron un nuevo proyecto de ley.
En diálogo con Ámbito, el presidente dede la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, aseguró, que la iniciativa busca disminuir la informalidad que hay en el sector. “Es para que no haya el informalismo tan grande que hay hoy y que azota tanto al sector inmobiliario como al hotelero”, comentó respecto a la ley de corredores como a la de viviendas turísticas.
“Son dos proyectos en los que estuvimos muchos años trabajando y puedan dar su fruto en el mes de setiembre”, agregó Sena. Respecto a esto, remarcó que la importancia es que se aprueben cuanto antes para que el Poder Ejecutivo tenga tiempo para reglamentarlo y reunirse con las cámaras inmobiliarias y hoteleras para aportar la información necesaria para lograrlo.
De esta manera, entienden que el trato de la ley en el Parlamento será mucho más rápida ya que sus intenciones es que se apruebe antes de que termine la gestión actual. En ese sentido, y después de varias reuniones, la presidenta de la CIU, Beatriz Carámbula, comentó que se analizaron las propuestas de cada parte y se llegó a un acuerdo conjunto.
“Siempre hubo buena disposición de ambas partes y somos conscientes de la necesidad de tener un marco regulatorio en el sector. Nos encontramos satisfechos por el trabajo que logramos y somos conscientes de que estamos con muy poco tiempo para que se vote en ambas cámaras”, aseguró Carámbula.
El objetivo de la iniciativa anterior era organizar la actividad en el sector, el mismo aparece en el artículo 1 donde se establece que el objeto de la ley es el de regular el ejercicio de la actividad profesional a nivel inmobiliario, la cual está desarrollada por agentes, brókers, comisionistas, corredores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y turísticos, y operadores. Un objetivo que se pretende cumplir con el nuevo proyecto de ley pero que tiene algunas modificaciones.
El proyecto establece que todos los integrantes del sector serán aglutinados como "operadores inmobiliarios" en el marco de la defensa de la libre competencia. Además de la definición, se dejan establecidos los requisitos para ejercer como tal, así como sus derechos y sanciones previstos de obligaciones por el incumplimiento de la normativa. En ese sentido, la modificación que se añadió fue la incorporación de las franquicias inmobiliarias, un reclamo que había hecho la Cumei.
"Las franquicias inmobiliarias siempre estuvieron incluidas en el proyecto original pero ellos querían (en alusión a la Cumei) una serie de modificaciones al texto original, querían estar contemplados de otra forma y querían que la redacción lo dijera a texto expreso. Eso había llevado a muchos meses de debate, nosotros entendíamos que ya estaban contemplados y ellos tenían el anhelo de estar contemplados de otra forma. Cuando vimos que los senadores nos dijeron que el proyecto salía más rápido si se lograba un acuerdo entre todos, nos reunimos y finalmente llegamos a un consenso", explicó el vicepresidente de la CIU, Matías Medina, a El Observador.
En tanto, se sigue con la iniciativa de crear el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que funcionará en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y será administrado por una comisión honoraria compuesta por tres integrantes del Poder Ejecutivo, así como dos integrantes de las gremiales representativas del sector.
"La idea es profesionalizar al sector entonces el registro tiene que plantear a todos los actores. Quien le preste la matrícula a otra persona que desarrolle la actividad, deberá inscribirlo como asociado y será solidariamente responsable por él", añadió Medina quien explicó que la importancia de ese cambio se debe a que antes se pedía una matrícula por persona, por agente y por operador.
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