El financiamiento provendrá del recorte en viajes oficiales, vacantes en el Estado y una quita del 50% al Instituto de Colonización para la compra de tierras.
: El subsecretario Martín Vallcorba precisó que la mitad de los 31 millones de dólares adicionales incorporados se financiará reordenando el gasto público y la otra mitad mediante modificaciones tributarias ya vigentes.
El equipo económico presentó este martes ante el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2025, encabezado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.
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El documento ingresará a través de la Cámara de Representantes para su tratamiento, y el ministro lo entregó formalmente a la vicepresidenta Carolina Cosse, acompañado por el subsecretario Martín Vallcorba y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry. El proyecto incorpora incrementos presupuestales adicionales a los ya previstos en el Presupuesto Nacional en cuatro áreas que el gobierno definió como estratégicas: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.
El monto total del refuerzo asciende a 81 millones de dólares: 50 millones de dólares que ya estaban contemplados en el Presupuesto Quinquenal 2025-2029 para el año 2027, a los que se suman 31 millones de dólares adicionales que el Poder Ejecutivo decidió incorporar en esta instancia.
Oddone fue categórico al presentar el proyecto: "No se trata de una Rendición de Cuentas de artículo único ni gasto cero". El ministro explicó que, salvo en el caso de infancia, los incrementos en las demás áreas se financian con reasignaciones y racionalización del gasto público, sin alterar las metas fiscales del Presupuesto Quinquenal. "Todos estos cambios no conducen a ninguna revisión de las metas fiscales", remarcó, en referencia a los objetivos vinculados a la regla fiscal, el resultado fiscal estructural, la deuda y el tope de endeudamiento.
La política hacia la primera infancia concentra el mayor peso de los nuevos recursos y fue definida por las propias autoridades como el "corazón" de la Rendición de Cuentas. El proyecto unifica los cuatro instrumentos de transferencias monetarias que existen actualmente, las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, en un nuevo régimen denominado Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Con esta medida, el gobierno estima una reducción de 25% en la pobreza de los niños de 0 a 3 años una vez alcanzada la plena implementación.
Para financiar la reforma se asignan 1.257 millones de pesos para 2027, 1.711 millones de pesos para 2028 y 1.887 millones de pesos para 2029. Según las estimaciones oficiales, en 2027 más de 50.000 niños y niñas ingresarán al nuevo régimen, y para los nacidos a partir del 1° de enero de 2025 el aumento promedio de las transferencias será de 84%. En concreto, los hogares de los dos deciles de ingresos más bajos pasarán a recibir 10.000 pesos mensuales por niño, los de los deciles tercero y cuarto 6.600 pesos, y los del quinto decil 3.300 pesos.
El subsecretario Vallcorba precisó que de los 31 millones de pesos adicionales, la mitad se financiará con ajustes de gasto y la otra mitad con mayores ingresos derivados de modificaciones tributarias ya incluidas en la ley de Presupuesto. Arim calificó la reforma como "la transformación más relevante del sistema de transferencias de ingresos que Uruguay está instrumentando en estas últimas dos décadas". Además, se incorpora una asignación de 50 millones de pesos para el INAU a partir de 2027, destinada a acogimiento familiar, atención a la violencia y compra de un inmueble.
En materia de seguridad pública, los recursos se destinarán al Plan de Seguridad del Ministerio del Interior (MI). Entre las principales acciones previstas figura la incorporación de 300 nuevos efectivos policiales, orientados principalmente al área metropolitana y al departamento de Montevideo, la mejora de la movilidad policial, y el desarrollo de herramientas de identificación biométrica y de monitoreo, entre ellas el sistema Shotspotter, de detección de disparos.
Las asignaciones también permitirán fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, ampliar los tótems de atención a la ciudadanía y las salas de monitoreo focalizado, y reforzar la atención y prevención de casos de violencia de género.
En educación, los incrementos apuntan a fortalecer la cobertura y la calidad del sistema, el programa de alimentación para estudiantes de educación media de la ANEP, las becas en la Universidad de la República y un aumento de remuneraciones para los funcionarios de la UTEC.
Para personas en situación de calle se destinarán $ 200 millones a partir de 2027 al Programa Calle, con el objetivo de complementar el modelo centrado en refugios y respuestas de emergencia con alternativas orientadas a la inclusión social sostenible y al fortalecimiento de la autonomía de las personas, según explicó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. En materia de vivienda, el proyecto también prevé la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los materiales de construcción utilizados en los proyectos cooperativos.
El financiamiento de los incrementos por áreas estratégicas proviene de la reasignación de créditos presupuestales de la Administración Central. Cada inciso realizó una optimización de sus gastos de funcionamiento, lo que permitió reunir 430 millones de pesos para 2027.
A esto se suma una reducción del 50% en los créditos de Misiones Oficiales y gastos de protocolo, por 82 millones de pesos en 2027 y 84 millones de pesos en 2028 y 2029, y una disminución de vacantes en la Administración Central por 891 millones de pesos repartidos entre 2027, 2028 y 2029. También se reasignó el 50% de los créditos del Instituto Nacional de Colonización destinados a la compra de tierras, equivalentes a $ 434 millones para 2027.
Con el ingreso del proyecto a la Cámara de Representantes, comienza ahora el proceso de discusión legislativa, que según trascendió arrancará la semana próxima en el Parlamento.