“Es necesario que el sistema cambie su funcionamiento", sostuvo el jerarca al defender la creación del sistema contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Jorge Díaz defendió el nuevo sistema contra el lavado de activos ante el Parlamento.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, compareció este miércoles en la Comisión de Lavado de Activos del Senado y aseguró que la creación del nuevo sistema contra el crimen organizado y el narcotráfico anunciado a mediados de abril busca revertir "la baja de percepción del riesgo", en el marco de una medida que generó un fuerte rechazo por parte de la oposición.
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Díaz se presentó desde las 11:30 en el Parlamento, donde también estuvieron miembros de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Allí, el prosecretario brindó los detalles y fundamentos del decreto aprobado en abril pasado que establece este sistema bajo la órbita de la Presidencia de la República (PR).
Díaz destacó la aprobación del Consejo de Ministros y planteó: “Es necesario que el sistema cambie su funcionamiento y que tengamos en el Uruguay una percepción compartida del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de forma tal que los diferentes agentes cumplan con el cometido que la ley les asigna”.
“Durante el último quinquenio hubo como una baja de esa percepción del riesgo que es necesario volver a retomar”, afirmó el jerarca al poner el foco en la menor cantidad de reportes de operaciones sospechosas y la “ausencia de condenas”.
“Lo que pretendemos con ese sistema es que se establezca un intercambio de información entre los diferentes organismos que tienen competencia, como el Ministerio del Interior, Senaclaft, el Banco Central del Uruguay, DGI, Aduanas, Banco de Previsión Social y registros”, indicó.
La decisión del gobierno de crear este nuevo sistema por decreto fue duramente criticado por la oposición. Uno de ellos fue el diputado por el Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, quien manifestó su rechazo a la iniciativa. "Se estaba generando una unidad operativa y un centro de poder en la Presidencia de la República con relación a estos temas, que a nuestro juicio revistía y reviste peligros absolutamente incuestionables", apuntó.
A su vez, Abdala afirmó que uno de los riesgos era "que fuera acaparada la competencia del Ministerio del Interior en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado".
“El doctor Díaz, por supuesto, intentó justificar esta decisión en términos de que la ambición era otra, la aspiración era, repito, que hubiera mayor articulación”, apuntó sobre las consideraciones del jerarca, aunque consideró que “ notoriamente el resultado es mucho más ambicioso que la mera articulación”.
Previamente había hablado de "visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad" y consideró que "este tipo de ámbitos interinstitucionales se crean por ley", mientras añadió la decisión de implementar este sistema por decreto es una "especie de apropiación de avocación" por parte de Presidencia.
El diputado enfatizó que existe temor de que esta medida implique "un debilitamiento" en la capacidad de respuesta frente al narcotráfico, ya que desdibuja responsabilidades y puede complicar la coordinación entre instituciones.