Legisladores de la Coalición Republicana aseguraron que hubo una "maniobra política de muy mala fe", de la cual la ministra es "responsable".
La oposición denunciará penalmente a Sandra Lazo por la rescisión del contrato con Cardama.
Legisladores de los partidos de la Coalición Republicana (CR) presentarán una denuncia penal contra la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, por la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas (OPV).
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El caso Cardama sumará un nuevo episodio judicial por sobre las denuncias presentadas por el gobierno contra el astillero español —a nivel nacional, tanto en el fuero penal como en el civil — y a la que el presidente de la empresa constructora, Mario Cardama, encabeza contra el Estado uruguayo en la Corte Internacional de París: en conferencia de prensa, la oposición confirmó que ellos mismos avanzarán con una denuncia penal contra Lazo.
El anuncio tuvo lugar en el marco de la presentación de sus conclusiones —unificadas, del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI)— respecto de la comisión investigadora especial que analizó tanto el proceso de contratación del astillero, a cargo del gobierno previo durante el cual fueron el oficialismo; como de las circunstancias que derivaron en la decisión de rescindir el vínculo contractual por parte de la actual administración del Frente Amplio (FA); y en la previa a la conferencia que la bancada oficialista realizó con el mismo objetivo.
“Estamos terminando de redactar una denuncia penal contra la ministra Lazo por el abuso innominado de funciones", informó el diputado blanco Pablo Abdala, en la conferencia. Para los legisladores de la coalición, la investigación parlamentaria dio cuenta de una "maniobra política de muy mala fe" que derivó en la rescisión del contrato, y "la ministra Lazo es responsable".
En esa línea, su compañero de bancada, Gabriel Gianoli, agregó que "a la comisión investigadora se le ocultó información" y que "el gobierno mintió". "No hay ningún elemento que cuestione la compra que se hizo al astillero Cardama. Se constituyeron garantías para proteger al Estado Nacional", sumó el legislador colorado Maximiliano Campo.
En tanto, el diputado del PI, Gerardo Sotelo, consideró que aun no saben "en base a qué cálculos indujeron al presidente de la República a firmar un rescisión ruinosa”, apuntado de esta manera al entorno político del mandatario, pero sin involucrar necesariamente a Yamandú Orsi en la cadena de decisiones que, según la oposición, terminará en un costo millonario para el Estado y la pérdida de equipamiento fundamental para la Armada Nacional y la defensa del territorio y el mar uruguayos.
Desde el inicio de la investigación interna por parte del gestión actual, incluso antes de la rescisión, la oposición ha defendido tanto su accionar cuando eran gobierno en cuanto a la contratación del astillero español como a la misma empresa extranjera, incluso luego de que se conocieran las múltiples falsificaciones documentales a las que incurrió Cardama respecto de las garantías.