La resolución aprobada es para investigar penalmente a los exjerarcas del gobierno anterior que autorizaron pagos por u$s 30 millones sin los controles debidos.
La fractura de la oposición en la Asamblea General le regaló la mayoría al Frente Amplio para denunciar ante la Justicia el escándalo de las patrulleras oceánicas de Cardama.
La Asamblea General aprobó este miércoles, por 65 votos en 128 presentes, la moción del Frente Amplio (FA) que remite a la Fiscalía el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre el caso Cardama, el astillero español contratado para construir dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
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La votación se dio después de que los dos diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, se retiraran de sala, lo que dejó en 128 el número de legisladores presentes. La Asamblea General está integrada por 130 legisladores y, con todos ellos en sala, el oficialismo no habría alcanzado la mayoría. El único informe que llegará a la Justicia será el de mayoría, es decir, el del FA. Las demás mociones presentadas no llegaron a votarse.
El texto da paso a la Fiscalía del informe y solicita que investigue los hechos de apariencia delictiva y las eventuales responsabilidades penales, incluidas las de jerarcas públicos de la época. El diputado frenteamplista, Joaquín Garlo, dijo al cierre de la sesión que la moción estableció la "necesidad de que la Fiscalía investigue todos los hechos con apariencia delictiva" que, según afirmó, la comisión logró "comprobar". Según Garlo, el principal responsable es Cardama, pero las maniobras no habrían sido posibles sin jerarcas que otorgaran prórrogas de forma infundada, aceptaran garantías sin los controles debidos y autorizaran pagos sin la documentación necesaria.
Antes de la votación, el diputado colorado, Adrián Juri, pidió un cuarto intermedio de dos minutos, una pausa en la sesión, para que los legisladores de CA ingresaran a votar. El FA no acompañó el pedido y la oposición no reunió los votos para aprobarlo. El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, al fundamentar su voto, habló de una "sensación" dividida "entre goce y lástima" y sostuvo que a los ausentes "los protegen los frentistas de ahora".
Aprobada la moción, el senador del FA, Daniel Caggiani, que presidía la Asamblea General, pidió levantar la sesión. La oposición criticó la decisión, porque entendía que las otras mociones podían votarse igualmente. Caggiani respondió que planteaban "cosas totalmente diferentes" y que votarlas habría sido "contradictorio", y señaló que la única vía de la oposición era quitarle el respaldo a la mesa. El oficialismo respaldó a la mesa, con CA ausente, y la sesión se levantó. Fue la tercera vez en el cierre de la jornada que el FA hizo valer su mayoría.
El caso se origina en un contrato que el Estado firmó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para comprar dos patrulleras oceánicas por más de 90 millones de dólares, y por el que se hicieron tres pagos por unos 30 millones de dólares.
El conflicto gira en torno a las garantías, requisito para que el acuerdo entrara plenamente en vigor, es decir, un respaldo financiero de terceros que cubre al Estado si la empresa incumple. El gobierno sostiene que la garantía presentada por Cardama, con un aval por unos 13 millones de dólares, fue emitida por una empresa inexistente llamada Eurocommerce, y presentó la denuncia penal en octubre de 2025 y acusó a la empresa de haber paralizado las obras. El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el 22 de octubre de 2025 el inicio de acciones para rescindir el contrato, y el Poder Ejecutivo lo resolvió el 13 de febrero de 2026.
La Asamblea General creó la comisión el 23 de febrero de 2026, con 127 votos a favor y 17 integrantes: nueve del FA y ocho de la oposición. Su alcance abarca la compra, durante el gobierno de Lacalle Pou, y la rescisión, durante el de Orsi.
El trabajo estuvo atravesado por diferencias, ya que legisladores de la Coalición Republicana denunciaron que el Ejecutivo había enviado solo el 20% de la documentación solicitada, mientras que Garlo sostuvo que la constitución de las garantías fue un proceso desprolijo, marcado por prórrogas sucesivas. El exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, por su parte, insistió en que el contrato estaba en ejecución, consideró que los problemas con las garantías podían solucionarse sin cancelarlo y advirtió sobre una posible demanda millonaria contra Uruguay. El dueño del astillero, Mario Cardama, no concurrió a la comisión y alegó compromisos de confidencialidad.