La Intendencia de Montevideo (IM) envió finalmente a la Junta Departamental el proyecto de ley que grava a la mediana y gran industria por la generación de residuos de envases asociada al consumo de productos, y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) recibió la noticia con sorpresa y malestar ya que no esperaban que la iniciativa avanzara en el proceso de aprobación.
Si bien la intendenta Carolina Cosse había anunciado el proyecto en mayo, desde la gremial industrial confiaban en que el tributo no llegara a la Junta Departamental debido al trabajo conjunto que vienen llevando a cabo con empresas que lideran el Plan Vale e intendencias del país —Montevideo, particularmente— para generar herramientas e instrumentos de recuperación y clasificación de envases en todo el país.
En este sentido, desde la Cámara de Industrias señalaron que el plan que desarrollan es complementario a lo que necesita la IM en cuanto al tratamiento de residuos y la reducción de la cantidad de envases; una acción que, además, descendería los costos de la Intendencia. Razón que hace todavía más sorpresiva para la gremial la decisión de que el nuevo tributo llegue a la Junta Departamental.
Asimismo, entienden que, en caso de aplicarse el nuevo tributo, podría haber un traslado de costos a los precios que paga el consumidor final. Una situación indeseada con un contexto de inflación que preocupa a ciudadanos y dirigentes.
El proyecto de ley impulsado por Carolina Cosse y que ahora se encuentra en la Junta Departamental impone un pago anual a los fabricantes e importadores de productos que, una vez que son consumidos, generan residuos de envases. El objetivo es compensar los costos que asume la IM en la gestión de esos residuos, los cuales ascienden a 73 dólares por cada tonelada de basura recolectada, valor al que se le suman los gastos extra en los casos de separación para reciclaje.
En esta línea, y de acuerdo a la Intendencia, cada año llegan 340.000 toneladas de basura a Felipe Cardoso, de las cuales casi el 40% podría haber sido tratada para su reciclado, y la mayoría de ese porcentaje corresponde a envases. El ingreso contraprestativo que implica el proyecto —y que será equivalente al costo de gestión por cada tonelada de residuos, multiplicado por el total de toneladas desechadas— busca que las empresas se hagan cargo del tratamiento y reciclaje de sus productos que acaban en la basura de los hogares de la capital de Uruguay.
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