La empresa de servicios del puerto de Montevideo, Montecon, denunció a la Administración Nacional de Puertos (ANP) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), basándose en hechos que consideran “anticompetitivos” y que afectan en la libre competencia.
Montecon relanza su ofensiva judicial contra ANP por el puerto de Montevideo
La empresa la acusa de no favorecer la libre competencia y reclama que se investigue el sistema de reservas de los muelles.
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La denuncia fue hecha ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
La empresa de logística, que opera un sector del puerto de Montevideo, lleva meses denunciando que la ANP ha llevado a cabo hechos que afectan “la libre competencia y perjudican el comercio exterior”, según un comunicado publicado por la empresa.
La denuncia fue hecha ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y es la tercera que realiza a la ANP por las mismas razones. Según la denuncia, el organismo “toma decisiones operativas que obstaculizan o impiden a los usuarios la utilización de los muelles públicos y que no permiten a los operadores la prestación de los servicios requeridos”.
El comunicado cita dos ejemplos donde, uno de ellos es que el día 27 de febrero de este año se obstaculizó la solicitud de atraque de un buque de la empresa Ipanema Meditarranean Shipping Co. (MSC) en los muelles públicos. “Esto impidió que la línea cumpliera con su itinerario previsto por el comercio exterior nacional y que la carga que no pudo ser operada en Montevideo fuera descargada en Buenos Aires”, remarcó el comunicado. Una situación parecida se dio lugar con la empresa Far East donde evitaron que atraquen en los muelles públicos.
Montecon esta pidiendo que se investiguen los métodos que se llevan a cabo en el sistema de reservas de los muelles y las razones por las que no se asignan muelles públicos cuando los navieros así lo demandan. “La participación de la ANP como sociedad de Terminal Cuenca del Plata S.A. ha sido determinante para que el Estado tome medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios. El Estado es juez y parte”, denuncia el comunicado.
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